Si se cumplen los peores augurios, en unos días los españoles dejarán de ser iguales ante la ley. Permitir a Cataluña recaudar y gestionar todos sus impuestos, contribuyendo a las arcas del Estado desde entonces mediante un cupo negociado, compromete la cohesión territorial consagrada en la Constitución. Lo advierten los expertos, a los que el PSOE, embarcado en su alocada huida hacia adelante, no escucha ni atiende. Se entregan las columnas del Estado a cambio de mantener en pie los palos del sombrajo de una legislatura que se deshace como un castillo de naipes. Y que solo sujetan ya intereses partidistas.
La equidad interterritorial se rompe, se fragmenta la Agencia Tributaria, se debilitan los mecanismos de solidaridad entre regiones y se perjudica claramente a las regiones con menos recursos y más necesitadas del apoyo estatal. ¿Es sostenible un modelo de financiación que se pliega a los intereses de unos en detrimento de los derechos de otros? A Sánchez y su corifeo de la cofradía del amén, esta pregunta se la trae al pairo, como saltarse a la torera la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas.
La ecuación es bien sencilla: cuando más dinero para Cataluña menos maestros en Andalucía, más tardanza en la lista de espera médica en Asturias y peor atención a la dependencia en Galicia. El pastel estatal lo repartirán los catalanes, que lo cocinarán a su antojo y gusto y además se llevan la receta a casa. Lo que viene siendo, en toda regla, un golpe de estado fiscal.
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