El Gobierno y la Generalitat han presentado este lunes la arquitectura del nuevo sistema de financiación para Cataluña. Un modelo que no será solo para la autonomía catalana, sino que las dos administraciones pretenden que sea «generalizable» al conjunto de territorios del Estado. El nuevo sistema se basa en 10 pilares y, para que entre algún día en vigor, deberá tener una mayoría en el Congreso que, por ahora, no tiene. También persisten algunas incógnitas que este lunes no han quedado resueltas. Estas son las claves de los acuerdos alcanzados en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat:
La idea fundacional es que el nuevo sistema estará más vinculado a los tributos que los ciudadanos pagan en sus respectivos territorios, por lo que Catalunya tendrá más «capacidad de regulación» sobre los impuestos. La lista de tributos es larga, por lo que falta ver la letra pequeña para saber cuáles podrá regular y cuáles no. Por ahora, lo único que se sabe es que la Generalitat tendrá más peso en la recaudación del IRPF.
Como el objetivo es que el nuevo modelo esté vinculado a la recaudación de tributos, la Generalitat y el Gobierno proyectan el «despliegue de la hacienda catalana». La Agència Tributària de Catalunya, creada en 2008, recauda ahora unos 5.000 millones de euros de los más de 50.000 millones que en Cataluña se pagan en impuestos. Si la Generalitat pasa a gestionar el IRPF, su capacidad de recaudación crecerá en 25.0000 millones más.
Agència Tributària de Catalunya / ATC
En el actual modelo, las comunidades de régimen común se financian a través de varios fondos estatales. Son el fondo de Garantía; el de Suficiencia; el de Cooperación y el de Competitividad. Cataluña lleva años quejándose de que la gestión de estos fondos le perjudica. La idea pues es que «desaparezcan los fondos que complican el sistema» y dan pie a «resultados incoherentes».
La idea es que el nuevo modelo se amolde a las necesidades de todas las comunidades. Así, el Gobierno promete «transparencia» en «el cálculo de la cesta de tributos». También garantiza que la «nivelación» entre comunidades con menos y más capacidad económica se hará «de acuerdo a criterios objetivos«. Está por ver qué criterios serán.
La Generalitat asegura que Cataluña saldrá ganando con el nuevo sistema, pero asume el compromiso de seguir aportando recursos a la solidaridad interterritorial. Con esta nueva arquitectura, Cataluña recabará los ingresos, entregará al Estado un porcentaje de estos para pagar los gastos de los servicios que presta a la comunidad, y el resto lo administrará según sus competencias. Una vez ejecutado este reparto, la Generalitat hará una nueva aportación al Estado -la cuota de solidaridad- y el Gobierno hará otra inyección de recursos para cubrir las competencias singulares, no homogéneas, que tiene Cataluña.
Esta es una de las cuestiones más demandadas por todos los gobiernos catalanes de la dos últimas décadas: que se respete el principio de ordinalidad. Esto pasa porque, repartidos los ingresos para el equilibrio entre comunidades, los recursos per cápita de las autonomías más ricas no queden por debajo del de los territorios menos ricos.
Las Comunidades Autónomas tendrán más capacidad normativa sobre sus tributos. Está por ver hasta qué punto tendrán margen. Eso sí, los gobiernos autonómicos deberán respetar «la legislación europea» y se crearán «mecanismos adicionales» para que no puedan hacer «competencia fiscal a la baja». Estos mecanismos buscarán evitar el dumping fiscal, es decir, que los gobiernos autonómicos puedan hacer bajadas agresivas de impuestos para atraer capitales y perjudicar a comunidades vecinas.
Isabel Díaz Ayuso. / José Luis Roca
La previsión es que Cataluña pueda tener «competencias específicas» que hagan que su modelo sea «singular» en algunos aspectos. Este es uno de las cuestiones más abiertas de la propuesta, ya que ni el Gobierno ni la Generalitat explican en que se concretarán estas singularidades.
El nuevo modelo quiere acabar con el sistema actual de «anticipos» por el cual el Estado avanza los recursos a las comunidades y, al cabo de dos años, los liquida. Es decir, a los dos años paga la diferencia. Con esta fórmula se generan desajustes y las comunidades nunca saben con precisión de cuántos recursos dispondrán.
El último pilar es el más político. El Gobierno asume el compromiso que, pese a que ha negociado de forma «bilateral» este acuerdo con la Generalitat, el modelo pactado sea «generalizable» al conjunto de comunidades. Por ejemplo, todas aquellas que lo deseen también podrán potenciar sus respectivas haciendas autonómicas y participar en la gestión del IRPF. Este último punto busca garantizar el «principio de igualdad» entre territorios y blindarse ante posibles impugnaciones como las que ha anunciado el PP.
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