Pese a contar con una población total cercana a los 49 millones de personas, en realidad solo unos 20 millones trabajan efectivamente cada día. Esta cifra, extraída de un análisis elaborado por el Consejo General de Gestores Administrativos, se obtiene tras descontar el absentismo medio diario y la inactividad de los fijos discontinuos, y refleja una verdad incómoda: el país se mantiene con una base laboral mucho más estrecha de lo que indican los datos agregados.
Si observamos los datos recogidos de distintas fuentes oficiales, podemos observar la siguiente radiografía del mercado laboral en España:
- Población total: 48,6 millones
- Ocupados (EPA): 21,77 millones
- Absentismo medio diario: 1,25 millones de personas
- Fijos discontinuos sin actividad: ≈ 650.000
- Ocupados reales diarios: solo ≈ 19,87 millones
El rendimiento por hora trabajada en España es de 45,08 euros. Se trata de una cifra significativamente inferior a la de otros países del entorno: Francia alcanza los 100 dólares por hora, Alemania supera los 95 y la media de la OCDE ronda los 70. España sigue estancada en productividad. “Tenemos una productividad baja, y no remontamos porque no subimos el PIB. Si seguimos trabajando menos y sin generar más valor, no avanzamos”, señala Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos.
El debate sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha vuelto con fuerza al debate público. Pero más allá de las intenciones, los datos revelan un impacto económico considerable. Pasar de 1.630 a 1.560 horas anuales por trabajador supone una pérdida agregada de 1.390 millones de horas laborales al año. Compensar esa caída para mantener el nivel actual de producción requeriría incorporar al mercado casi 900.000 nuevos trabajadores a jornada completa.
Contratar a ese volumen de personas con el Salario Mínimo Interprofesional tendría un coste directo de más de 14.000 millones de euros en sueldos. Si se añaden las cotizaciones sociales, la factura se eleva a más de 19.250 millones de euros anuales. “Necesitamos políticas que impulsen la productividad y que el aumento de los costes laborales no recaiga exclusivamente sobre el empresario. Las políticas de empleo también deben asumir parte de esa carga si queremos avanzar en competitividad”, afirma Santiago.
A este escenario se suma otro fenómeno silencioso: el absentismo estructural. Cada día, 1,25 millones de personas contratadas no acuden a su puesto de trabajo. Esta ausencia, multiplicada por los días laborales del año, supone una pérdida de 2.062 millones de horas de trabajo. La equivalencia es clara: más de 1,26 millones de empleos anuales completamente perdidos. El coste de esta inactividad asciende, sumando salarios y cotizaciones, a 27.320 millones de euros al año.
La combinación del absentismo con una reducción de jornada sin medidas compensatorias multiplica el problema. El coste total combinado alcanza los 46.571 millones de euros, lo que representa el 3,2 % del Producto Interior Bruto español. “Si no se compensan las horas que se dejan de trabajar, se pierde producción. Si a eso sumamos el absentismo estructural, el impacto es demoledor. La economía no puede asumir casi un 3,2 % de su PIB en horas que no se trabajan y salarios que sí se pagan”, advierte Santiago.
Aunque reducir la jornada pueda aumentar levemente la productividad por hora —pasando de 45,08 a 47,10 euros, o de 50 a 52,3 dólares PPP—, España seguiría por debajo de sus socios europeos y de la media de la OCDE. La única forma de cerrar esa brecha es a través de la modernización, la digitalización, la reorganización del trabajo y una mejor redistribución del esfuerzo. “No es sostenible que trabajen cada vez menos personas y que se trabajen cada vez menos horas. No es una cuestión ideológica: es una cuestión matemática”, señala el presidente de los Gestores Administrativos.
“Si queremos competir con China —cierra Santiago—, tenemos que mejorar la productividad con innovación y tecnología, y con diálogo social. Si no somos capaces, entonces solo nos queda una alternativa: exportar a China nuestros agentes sociales”.
