Rechazo frontal de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al acuerdo de financiación «singular, federal y generalizable» del Gobierno y la Generalitat. Tan absoluto que ha llegado a calificarlo de «sentencia de muerte contra España» y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «vender» a todos los españoles, «a una nación de siglos», a cambio de lo que ha calificado como «el cupo independentista». «Salvar la cabeza del presidente nos va a costar la ruptura de España», ha mantenido.
La presidenta madrileña ha confirmado que recurrirá a los tribunales un nuevo modelo de financiación una vez se sustancie. «Acudiremos a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional, a la unidad de todas las comunidades autónomas, donde tengamos que ir para decir que Madrid se niega a firmar esta sentencia de muerte contra España», ha señalado en una contundente intervención en la que ha subido el tono especialmente contra Sánchez y sus socios parlamentarios, particularmente los independentistas, a los que directamente ha acusado de «chulear» al presidente del Gobierno.
«No son socios de Sánchez. Ni cómplices», ha subrayado. «Eso era antes. Han subido de categoría. Hoy son los chulos del presidente. Como dice el diccionario, son rufianes. El presidente come de su mano. Vive para ellos. Él pone la cama y los españoles pagan», ha enfatizado antes de justificar ese lenguaje «porque es el que entienden en La Moncloa como en ningún otro sitio».
La presidenta madrileña no ha ahorrado críticas para el Tribunal Constitucional y su presidente, Cándido Conde Pumpido. Ayuso viene tiempo armando el discurso de que el asunto de la financiación, la «ruptura de la caja común», es un paso más en la reactivación de un proceso independentista. «Esto es un atraco a la Nación y contra la unidad de España y no se detendrá aquí», ha insistido hoy en la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional en la Puerta del Sol. «Después viene el golpe. La ruptura total». Como ya hizo la semana pasada ha augurado que Sánchez avanza de manera inexorable «hacia la anexión de Navarra al País Vasco», hacia una república federal plurinacional «que nadie ha votado» y , en última instancia, hacia un referéndum de autodeterminación o la independencia de Cataluña y País Vasco «por decisión del Consejo de Ministros».
Una decisión, ha añadido, que será avalada por Conde Pumpido. «Es la mayor estafa que soportamos: tenemos un Tribunal Constitucional trufado de políticos disfrazados de magistrados, que ya ha dicho que tragará con todo lo que no esté explícitamente recogido en la Constitución», ha declarado. «Puro cinismo y traición».
En virtud del acuerdo hoy alcanzado, se prevé que Cataluña recabe los ingresos tributarios, entregue al Estado un porcentaje para pagar los gastos de los servicios que presta a la comunidad y administre el resto según sus competencias. Una vez ejecutado este reparto, la Generalitat hará una nueva aportación al Estado, la llamada cuota de solidaridad, y el Gobierno hará otra inyección de recursos para cubrir las competencias singulares, no homogéneas, que tiene Cataluña.
El acuerdo respetará el principio de ordinalidad, de manera que la comunidad no reciba menos dinero por habitante que otras autonomías que hayan aportado menos a la caja común del sistema. Encajar ese principio con el de solidaridad interterritorial es uno de los aspectos más complejos en torno al acuerdo. El importe de la cuota de solidaridad no ha quedado fijado hoy en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat.
Sí se contempla, como un primer paso, la gestión compartida del IRPF en 2026 mientras se modifica la ley en el Congreso de los Diputados y se refuerza el número de efectivos y los medios de la Agència Tributària de Catalunya. La recaudación y gestión propia de los impuestos era parte de lo pactado entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. El Gobierno defiende que este sistema permite dar mayor autogobierno a Cataluña sin perder la centralidad del modelo conjunto.
