El Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña rubrican este lunes un paso decisivo hacia un modelo de financiación singular que, en la práctica, otorgará a Cataluña un trato fiscal diferenciado respecto al resto de comunidades autónomas. Tal como ha avanzado el jefe de Política de la Cadena COPE, Ricardo Rodríguez, la clave del pacto es la creación de una Agencia Tributaria catalana con competencias para asumir de forma gradual la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos, comenzando con el IRPF de los contribuyentes, en especial de pymes y autónomos.
Avance hacia una financiación diferenciada
“El pilar del acuerdo es la luz verde a una agencia tributaria de Cataluña que asumirá gradualmente la recaudación de todos los impuestos”, explicó Rodríguez, subrayando que este avance afianza la entente entre el PSOE y Esquerra Republicana, y permitirá que ambos partidos registren en el Congreso una proposición de ley para modificar el marco legal necesario y dar cobertura al nuevo sistema. Sin embargo, esta reforma no será sencilla: necesita cambios en distintas leyes y, por tanto, el respaldo parlamentario de socios que aún no han garantizado su apoyo.
La medida ha generado una fuerte contestación política. Mientras el Ejecutivo intenta reactivar la legislatura y salvar la alianza con sus socios de investidura, el Partido Popular y varios barones del PSOE han levantado la voz de alarma. Para estos sectores, el denominado “cupo catalán” supone una ruptura directa del principio de igualdad entre los españoles y podría profundizar las desigualdades fiscales entre territorios.
Choque político con repercusión nacional
Desde el PP, el rechazo es total. Las comunidades autónomas gobernadas por los populares han cerrado filas contra el nuevo esquema. En palabras de Ricardo Rodríguez, “el nuevo modelo en ciernes rompe el sistema fiscal y agravará las desigualdades entre territorios”. Esta denuncia se extiende también a dirigentes socialistas como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Adrián Barbón (Asturias), quienes consideran que la cesión de tributos pone en peligro la cohesión del Estado. “No solo Castilla-La Mancha y Asturias están en contra”, advierte Rodríguez. “Otras federaciones socialistas están calculando ya el desgaste electoral de esta decisión”.
En Moncloa, sin embargo, consideran que este movimiento es necesario para mantener viva la legislatura y continuar contando con el apoyo de ERC. El encuentro con el president catalán Pere Aragonès forma parte de una ronda de contactos más amplia, que continuará el martes con la reunión entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales, nuevo lehendakari vasco, en busca de otra vía de estabilidad en el Congreso.
A pesar de la controversia, el Gobierno insiste en que la fórmula planteada se inspira en modelos similares al del Concierto Vasco, aunque adaptado a las singularidades catalanas. Esta comparación, no obstante, ha sido rechazada por el PP, que denuncia una “asimetría fiscal injustificable”. El debate recuerda al que suscitó en su día el pacto fiscal vasco, pero con una sensibilidad política mucho más alta en este caso por el contexto de descentralización fiscal y los acuerdos con partidos independentistas.
El desarrollo legislativo de este acuerdo será seguido con lupa. En los próximos días, el Congreso será escenario de tensiones políticas de alto voltaje, con votaciones clave que podrían marcar el rumbo del resto de la legislatura. La financiación singular de Cataluña se convierte así en el primer gran desafío del Gobierno tras la reactivación del curso político.
