La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, visitó esta semana la Región de Murcia en pleno conflicto con el Gobierno autonómico a cuenta de los menores extranjeros no acompañados de Canarias, a los que la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, rechaza acoger por exigencia de Vox y falta de recursos. La dirigente de Izquierda Unida lamenta el cierre del centro de Santa Cruz y asegura que el Ejecutivo de López Miras, aunque esté «en su derecho de protestar y de recurrir», va a cumplir la ley.
Se ha reunido con los principales sindicatos de la Región, ¿qué le han transmitido?
Preocupación por los recortes sistemáticos que está aplicando el gobierno de López Miras. Hay que recordar que ya sufrieron un recorte del 25% de los recursos el año pasado y a este se suma un 27,8% de este año. Esto es un ataque directo a la libertad sindical y es un una forma de limitar el importantísimo papel social y de defensa de los derechos de la clase trabajadora que hacen los sindicatos de clase.
También se ha visto con la comunidad educativa. En esta Región hay niños que asisten a clase con más de 35 grados, otros que aprenden en barracones. Las razones que da el Ejecutivo regional suele ser la infrafinanciación de la Comunidad.
Lo que hay es una decisión política intencionada del Gobierno del Partido Popular de López Miras de recortar todo lo público y transferir los recursos de lo público hacia bolsillos privados, sobre todo de bolsillos de gente que tiene bastante dinero. Los años de Gobierno de coalición progresista han supuesto un incremento sustancial de transferencia de recursos a las comunidades autónomas y ha habido también una propuesta de condonación de la deuda a la que López Miras renunció explícitamente. Hace apenas unas semanas, el presidente del Gobierno planteaba una inversión para vivienda pública que el señor López Miras también rechazó, justo cuando hemos conocido esta semana que se ha incrementado un 7% el valor de la vivienda en alquiler en esta región. Es decir, hay recursos, el problema es que hay decisiones políticas que provocan que el esfuerzo que hacemos desde el Estado vaya orientado hacia otros lugares que no tienen nada que ver con el interés general.
La reagrupación familiar de menores de la que hablan se llama deportación, es ilegal y nos van a tener enfrente
La tasa de pobreza infantil en la Región supera el 40%. ¿Qué se hace desde su ministerio para darle la vuelta a la situación?
Estamos trabajando en un Pacto de Estado para erradicar la pobreza infantil. Hemos puesto en el centro una medida de enorme valor, como es la prestación universal por crianza, 200 euros al mes para todos los niños y niñas de nuestro país de 0 a 18 años. Funciona en otros países europeos y hemos visto que reduce sustancialmente la brecha de desigualdad y de pobreza infantil. No obstante, insisto en que, si mientras nosotros nos esforzamos desde el Gobierno de España, López Miras va recortando las becas comedor, tenemos un problema. El Estado somos todos y no puede ser que nosotros generemos un recurso y que las comunidades autónomas, por otro lado, lo recorten. Estamos trabajando en la propuesta y tendrá que formar parte de los Presupuestos Generales del Estado.
¿Pero es que cree que habrá Presupuestos?
Tengo confianza y estamos trabajando con determinación para que los haya.
La vivienda es una de las grandes preocupaciones de la juventud y el Gobierno no ha avanzado mucho esta legislatura.
El Gobierno ha puesto miles de millones para impulsar un Plan de Vivienda que va a facilitar el acceso a las personas jóvenes y el Partido Popular ha dicho que no. El Gobierno plantea que hay que regularizar los pisos turísticos y el Partido Popular dice que no. Intentamos poner fondos en los bolsillos de los jóvenes para que puedan acceder a la vivienda en alquiler y el Partido Popular detrae ese recurso para dárselo a los rentistas. Hacen ruido, pero nada de propuestas políticas.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante la entrevista realizada el pasado viernes en La Opinión. / Israel Sánchez
El Gobierno murciano y otros ejecutivos del PP han dicho claramente que no van a aceptar más menores migrantes.
Puede protestar enérgicamente lo que quiera, pero va a cumplir la ley. No contemplo ningún otro escenario. A Murcia le corresponden 133 niños y tiene asociada una financiación de 1,7 millones de euros. Las comunidades están en su derecho de protestar y de recurrir, pero también están en la obligación de cumplir con la ley, que ha sido aprobada por la soberanía del Parlamento.
Entonces, aunque algunas hayan rechazado el reparto, no se va a hacer otra propuesta.
Estaremos encantados de resolver cualquier duda que tengan, pero la propuesta es la ley y la ley se cumple.
Dice la consejera murciana que están favoreciendo a Cataluña y País Vasco con el reparto.
Para hacer esta propuesta hemos tenido en cuenta el número de niños y niñas que estaban acogidos en cada uno de los sistemas territoriales. Una vez se proceda a la acogida de menores de Canarias, el sistema de acogida que va a tener más niños y niñas va a ser el de Cataluña, muy por encima de cualquier otro. Por tanto, es intencionadamente erróneo decir que esta comunidad sea favorecida. No hay más que ver el esfuerzo y la solidaridad previa que se ha hecho en cada uno de los territorios. No tendría ningún sentido que sacáramos a 4.000 niños de Canarias y los lleváramos a un sistema de acogida que tiene 5.000 niños, como es el caso de Cataluña. De lo que se trata es de equilibrar los sistemas.
En la Consejería de Política Social creen que la cifra de 1,7 millones para los primeros tres meses de estos 133 niños es «ridícula».
De momento, estos son los recursos que hay. Además, estamos trabajando con el desarrollo de un Plan de Transición a la Vida Adulta, que queremos hacer de manera coordinada con las comunidades y que tendrá dotación presupuestaria propia. Dicho esto, quiero recordar que la competencia en la tutela de niños en situación de desamparo es autonómica y, por tanto, a ellas también les corresponde colaborar. No hay ninguna razón para que Canarias se haga cargo en soledad de este fenómeno. Sería fascinante que el señor Feijóo respondiera en algún momento cómo es posible que el Partido Popular de un territorio, como la Región de Murcia, esté posicionándose en contra de los intereses del Partido Popular de otro territorio, como Canarias.
Hay una decisión política de López Miras de recortar todo lo público y transferir sus recursos a bolsillos privados
¿Cuándo van a empezar los traslados?
El 17 de julio celebraremos la Conferencia Sectorial en la que llevaremos la propuesta de acogida por territorios y el reglamento de aplicación de la de la ley. A partir de ahí, podremos proceder a la aplicación de todo el procedimiento. Nuestro cálculo es que hacia finales de agosto podremos estar empezando con los traslados.
En la Región de Murcia nos preguntamos dónde se quedarán estos menores si se va a cerrar el centro de Santa Cruz, donde hay más de sesenta niños.
Vamos a velar por la protección de los menores y estaremos encantados de escuchar a la consejera para que nos diga cuál va a ser su alternativa para la acogida de estos niños y niñas. Yo lo desconozco porque es una competencia que tiene ella. Vamos a ser exigentes en la garantía de derechos y en el cumplimiento de la ley.
Dijo la consejera de Política Social que el cierre de este centro responde a la búsqueda de un modelo más familiar que reclama, precisamente, su ministerio.
Si cierra un centro de acogida con sesenta niños que ya tienen arraigo, que están perfectamente integrados en sus comunidades y, al mismo tiempo, cancela la posibilidad de comprar viviendas para alojar a niños que están en procesos de tutela, lo que no sé exactamente es en qué consiste esta alternativa familiar de la que habla la consejera. La sensación que da es que se están plegando a la agenda racista de Vox sin ningún problema. Además, es que ni siquiera estamos hablando de un gran número de niños y niñas que supongan una merma en términos de recursos ni un perjuicio para el gasto público. Es muy preocupante que se esté destruyendo así el sistema de protección de menores en la Región de Murcia. Es muy preocupante.
El Ejecutivo regional ha anunciado un comité para trabajar en lo que llama «reagrupación familiar en sus países de origen de los menores no acompañados».
Se llama deportación y es ilegal. Es una vulneración de los derechos de la infancia y nos van a tener, como en casi todo, absolutamente enfrente.
«Hay que poner el foco en el papel de empresas como Acciona»
¿Por qué es importante el indulto para ‘Las seis de La Suiza’?
Porque hacer sindicalismo no es un delito; garantiza los derechos de las personas trabajadoras. El movimiento obrero y la lucha sindical han permitido que tengamos jornadas de trabajo más ajustadas, mejores salarios, mejores condiciones y que haya negociación colectiva que ponga por delante el interés general a los intereses de los empresarios. Para mí es una cuestión vital y vamos a trabajar con absoluta determinación para que haya un indulto lo antes posible.
¿Está conforme con las medidas anunciadas hasta ahora por Sánchez para atajar la corrupción?
Es importante que se hayan incluido muchas de las medidas planteadas desde Sumar, como la oficina para la prevención y aspectos que tienen que ver con la Ley de Contratación del Sector Público. Tenemos que poner el foco en el papel de las empresas, como Acciona, que están en el centro de la mayoría de las tramas de corrupción de los últimos años. No puede ser que determinadas empresas hayan sido corruptoras y se sigan presentando a concursos públicos. Por otra parte, seguimos pensando también que es importante profundizar en el giro social de la legislatura y esto forma parte de nuestras exigencias. Cuestiones como la prestación universal por crianza, los permisos retribuidos, la reducción de la jornada laboral, la tramitación de la Ley de Entornos Digitales Seguros y la derogación de la Ley Mordaza son fundamentales.
¿Podrán llegar con este ambiente tan duro a 2027?
Por supuesto, aunque es muy duro, fundamentalmente, porque no hay propuesta por parte de la derecha y la extrema derecha. Hay ruido, hay barro, pero no hay propuesta política. Lo que pudimos ver hace unos días durante la comparecencia del presidente del Gobierno es un PP radicalizado, abrazando las narrativas de la extrema derecha, un señor Feijóo completamente alejado de la realidad.
