La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebrará este martes las dos primeras vistas para examinar las dudas de los tribunales españoles sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía y su compatibilidad con el Derecho comunitario, por la que el Alto Tribunal europea ha recibido hasta cuatro cuestiones prejudiciales sobre las que decidirá con sentencias vinculantes.
El tribunal con sede en Luxemburgo empezará a examinar a partir de las 09:00 horas la cuestión remitida por el Tribunal de Cuentas que debe dirimir sobre la responsabilidad contable del expresidente de Catalunya Carles Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y para apoyar la acción exterior del ‘procés’.
En esta causa, el Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana (SCC), por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público.
Segunda vista
Ya por la tarde, a partir de las 15:00 horas, la Gran Sala de jueces europeos celebrará una segunda vista para atender a la cuestión prejudicial remitida por la Audiencia Nacional en el caso de terrorismo atribuido a varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) para aclarar si la aplicación de la amnistía en este caso contravendría el Derecho comunitario y garantizaría la impunidad de los delitos.
Será la ocasión para que los quince jueces que componen la Gran Sala escuchen las posiciones de las partes y también conozcan en detalle la opinión de la Comisión Europea que, en el momento de la tramitación de la ley, pidió información detallada al Gobierno de Pedro Sánchez y se comprometió a realizar un dictamen sobre la compatibilidad de la norma con la legislación comunitario que nunca llegó a presentar.
Interés general cuestionado
En el informe sobre el Estado de Derecho en los países de la UE publicado la semana pasada, Bruselas se hizo eco de la controversia creada en España por la ley y recogió que ha sido avalada por el Constitucional, pero evitó tomar partido aduciendo precisamente que el asunto está en manos de la Justicia europea.
Sin embargo, Bruselas tomó la iniciativa de remitir al Alto Tribunal europeo unas orientaciones escritas de cara a la vista del Tribunal de Cuentas en las que cuestiona el interés general de la ley al advertir que «parece constituir una autoamnistía» porque fue parte de un «acuerdo político» para asegurar la investidura de Pedro Sánchez y porque para salir adelante fueron «fundamentales» los votos de sus beneficiarios.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, advierte de que no ve afectación directa de intereses económicos de la Unión Europea, pero avisa también de que el Derecho comunitario se opone a una legislación nacional que «impone un plazo imperativo de dos meses» para decidir sobre la aplicación de la amnistía, si este plazo no permite a los órganos jurisdiccionales competentes la adopción de las medidas procesales que consideren necesarias, como la obtención de pruebas adicionales o la audiencia de personas, para poder evaluar el fondo del asunto pendiente.
El escrito del Ejecutivo comunitario también se posiciona en contra de una normativa nacional que impide a una parte del procedimiento jurisdiccional debatir de forma contradictoria los elementos tanto de hecho como de Derecho decisivos para la resolución del procedimiento, en referencia a que no se haya escuchado a Sociedad Civil Catalana.
