Pedro Sánchez intentó sofocar la crisis abierta por Santos Cerdán con un amplio paquete de reformas en materia anticorrupción que desafía las estadísticas parlamentarias. La falta de mayorías en el Congreso ha condenado la legislatura a una sequía legislativa que obliga a negociar ley a ley y que no en pocas ocasiones ha puesto en aprietos al Gobierno para poder legislar.
Si en esta legislatura han logrado aprobar 32 leyes, con su nuevo plan estatal de lucha contra la corrupción aspiran a aprobar un total de 24 normas, bien para su reforma o bien para su creación. Una hoja de ruta compleja que afecta a un amplio abanico legislativo, desde la ley de financiación de partidos, la ley de altos cargos, a la ley orgánica del poder judicial, el estatuto del Ministerio Fiscal o la ley del estatuto básico del empleado público.
Dos nuevas leyes y una cascada de reformas
Una de las principales medidas anunciadas por el presidente el miércoles en el Congreso fue la creación de una «Agencia Independiente de Integridad Pública» (1) que deberá materializarse en una ley que le confiera facultades para iniciar investigaciones y supervisar que se cumpla la normativa. Una norma que exigiría, según el Gobierno «una reforma legislatura de alcance estructural», que incluye las modificaciones de cinco leyes: la ley 3/2015 sobre Altos Cargos (2), la ley 9/2013 de transparencia y buen gobierno (3), la ley 9/2017 de contratos del sector público (4), la ley 2/2023 sobre protección de informantes (5), y el proyecto de ley sobre integridad en la actividad de lobby (6) que está actualmente en tramitación.
Otra de las leyes de nueva cuña que el Gobierno se compromete a impulsar es la nueva ley de Administración abierta (7), que buscaría fomentar un sistema de participación ciudadana para prevenir la corrupción. También planea dar competencias para «imponer multas coercitivas» al Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno (CTBG), un órgano administrativo encargado de velar por la transparencia, cuyo presidente es propuesto por el Gobierno y ratificado en el Congreso por mayoría absoluta. Esta norma también obligará a los funcionarios a denunciar posibles casos de fraude o conflictos de interés, y también modificaría la ley 3/2015 de altos cargos para obligarles a la dedicación exclusiva, limitar sus actividades privadas tras el cese, someterse a exámenes patrimoniales de carácter aleatorio, además de al final de su mandato.
Además, Sánchez anunció la obligación de firmar los llamados «pactos de integridad» para las empresas que concurran a licitaciones de determinados contratos públicos, una novedad que implicaría reformas en la ley de contratos del sector público (8) y en la ley de transparencia. Estas dos leyes también se modificarán para incluir herramientas de Inteligencia Artificial en la Plataforma de contratación del sector público, en una medida que también incluirá, según afirma el Gobierno, la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (9).
Lobbistas y partidos
El Plan recoge la modificación y «aprobación urgente» del proyecto de ley de lobbies, que está en fase parlamentaria. Así, el Gobierno avanza que introducirá en fase de enmiendas parlamentarias la obligación de publicitar encuentros con lobistas por parte de todos los altos cargos del Gobierno, pero también sus asesores.
Otra de las grandes patas del plan anunciado por Sánchez pone el foco en la actividad de los partidos, y para ello propone un proyecto de ley aprobado por el Gobierno para modificar tres importantes leyes: la ley orgánica 8/2007 (10), sobre financiación de los partidos políticos (11), la LOREG (12) –ley orgánica 5/1985 del régimen electoral general- y, de nuevo, la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Una de las principales reformas irá encaminada a endurecer las sanciones a partidos por infracciones contables y en la recepción de subvenciones públicas para gastos electorales. También se obligará a las formaciones a publicar las donaciones a partir de 2.500 euros a partir de su recepción (ahora mismo la obligación está en 25.000 euros).
Ley de enjuiciamiento criminal
El Gobierno también se compromete a modificar la ley 2/2023 de protección al informante (14) para reforzar la protección de los denunciantes y fijar un «régimen sancionador para las administraciones públicas que incumplan». En su compromiso de mejorar los canales de denuncia, también apunta a una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (LeCrim) (15) para que introduzca la nulidad de las represalias que hubiera sufrido un denunciante y las indemnizaciones proporcionales al daño que hubiera sufrido.
El presidente de Gobierno anunció la creación de unidades judiciales específicas contra la corrupción dentro de los tribunales de instancia y con un juez especializado, algo que implicaría una reforma de le ley orgánica 1/2025 (16), de eficiencia del servicio público de justicia (17) y la ley orgánica del Poder Judicial (18).
También en materia judicial, el plan anticorrupción incluye la aprobación de un real decreto, que aprueba el Gobierno y tendrá que ratificarse en el Congreso, para ampliar la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción y se hace referencia también al anteproyecto de ley que prepara el Gobierno para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (19), donde se dará a los fiscales la competencia de la instrucción y «asumirán la dirección de la investigación», mientras los jueces
Otro de los anuncios más relevantes de Sánchez fue la de acelerar los en procesos judiciales que impliquen a cargos públicos para evitar lo que el presidente tachó como «dilaciones calculadas». Para ello el Ejecutivo planea reformar la LeCrim en dos sentidos. En primer lugar, para dar carácter preferente a las causas contra cargos públicos en delitos contra la Administración o la Hacienda Pública. Además, el presidente avanzó que se creará un «procedimiento sumario y abreviado» para acortar los plazos en «causas de baja complejidad» que permitiría, según el texto del plan, tener «una resolución judicial inmediata».
Reformas del Código Penal
Propone además una reforma del Código Penal (19) para duplicar los plazos legales de prescripción para los delitos de cohecho y malversación y paralizar los plazos de cómputo desde la adquisición de la condición de investigado hasta la sentencia firme.
Entre las distintas reformas que plantea para el Código Penal, también se compromete a endurecer las sanciones a empresas que participen en casos de corrupción, concretamente modificar el artículo 33.7 para fijar sanciones en función de los ingresos anuales y horquillas más amplias «en función del perjuicio causado», sin detallar de cuánto serían esas nuevas horquillas.
También se propone reformar el Código Penal para fijar penas agravadas en casos de obstrucción a la justicia en casos de corrupción en hasta un tercio de la pena de cárcel y hasta los 15 años de inhabilitación absoluta. Además, propone vincular el acceso a beneficios penitenciarios con la devolución del total de las cantidades obtenidas mediante prácticas corruptas, más sus intereses.
Además, plantean recuperar la figura del delito de administración desleal del patrimonio público, una figura que quedó derogada en la Ley Orgánica 14/2022 para la reforma del delito de malversación en España. Una reforma pactada entre el Gobierno y ERC para aliviar a las penas del procés y limitar el delito a la obtención del lucro personal, en la que ahora se da marcha atrás.
Otra de las modificaciones del CP consiste en la creación de listas negras, para «automatizar la inhabilitación» de empresas en licitaciones en caso de que sea condenada por delitos de cohecho, tráfico de influencias o malversación, impidiéndole obtener subvenciones, contratos públicos o incentivos fiscales o de la seguridad social. También pide reformar el artículo 33,7.f para elevar el máximo previsto de esta pena por encima de los 15 años.
Empresas y ley de contratos
En línea con esta medida del blacklisting, también plantea la posibilidad de modificar la ley de contratos del sector público (art. 146.3) para que los criterios de adjudicación tengan que ser supervisados por un comité de expertos o un orgnaismo técnico, algo que ahora no es obligatorio. En esta misma ley también se aspira a incluir la exigencia de un sistema de auditorías periódicas para empresas que obtengan contratos de alto riesgo, importe elevado o consecución periódica.
En el control de las empresas corruptoras, el Plan propone la obligación de inscribir en el Registro Mercantil las participaciones en las sociedades limitadas (SL), algo que hasta ahora sólo debía constar en el libro de socios de la entidad. Una obligatoriedad que implica la reforma de tres normas: la Ley de Sociedades de Capital (20), el Reglamento del Registro Mercantil (21) y la Ley de Hipoteca Mobiliaria (22).
El Plan contra la corrupción también propone acelerar la aprobación de una ley para dar validez a la Directiva sobre Recuperación y Decomiso de Activos (23) aprobada en abril de 2024 en la UE, para que el estado pueda embargar y decomisar bienes en caso de condena firme, incluso cuando el bien de origen delictivo se haya transferido a un tercero. En este apartado, propone también crear la figura del «decomiso administrativo», y llama a cambiar el paradigma para que puedan producirse «sin sentencia penal, pero vinculado al proceso penal».
Entre otra de las reformas que menciona el Gobierno es la de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (24) para obligar a los funcionarios a tener formación en materia de corrupción, incluyendo este requisito en las bases de las convocatorias para el ingreso a cargos públicos. Además, plantea modificar el Código de Conducta de las Cortes Generales para incluir la obligación de diputados y senadores de completar una formación relativa a conflictos de intereses.
