El pasado domingo, durante su discurso en el XXI Congreso Nacional del PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayusoya apuntaba a la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat de este lunes que ratificará el acuerdo de financiación singular para Cataluña y por el que la Generalitat pasará a recaudar la totalidad del IRPF y otros tributos en la comunidad autónoma. Lo vinculaba, como suele hacer, con la amenaza de un nuevo proceso independentista, «un golpe» lo llama ella, para el que se viene borrando el papel de las instituciones que puedan frenarlo. «Dentro de poco van a tener su propia Hacienda«, decía, «a partir del día 14 va a comenzar una nueva financiación para sacarnos el dinero», aseguraba, y aún añadía un rejonazo de cara a cierta parte de su electorado particularmente sensible a la cuestión lingüística. «Eso sí que lo harán en español, bien clarito», apostillaba.
A partir de ahí marcaba el rumbo para el resto de la semana. El martes volvía a referirse al asunto en una jornada sobre sanidad. «Quiero denunciar algo gravísimo que está pasando y que no puede darse por válido», aseveraba. «Hablamos de la financiación ilegal que se pretende para Cataluña, que se va a negociar a partir del lunes, en mitad del verano». Ayuso insistía entonces en que detrás del acuerdo está la intención de «seguir fabricando una nación paralegal«, pagada por los españoles, «especialmente en Madrid». Y un día después, a su llegada a unos premios de la Cámara de Comercio a pymes madrileñas volvía a referirse al «cupo catalán» y a la ruptura de «la caja común».
Ni el jueves ni el viernes tuvo la presidenta madrileña agenda pública, pero fueron sus consejeros los que tomaron el relevo. Hasta tres de ellos, el de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, la de Sanidad, Fátima Matute, y el de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, arremetían contra la financiación singular. García, portavoz, además, del ejecutivo regional, retomaba una de las expresiones que más fortuna ha hecho en el discurso del entorno de Ayuso en los últimos meses. «El señor Pedro Sánchez se cree que somos cajeros automáticos. Todos los acuerdos que pueda alcanzar con los partidos independentistas, ya sean vascos o catalanes, lo vamos a pagar los españoles».
Más allá de ello, preguntado expresamente si el gobierno madrileño llevará a los tribunales el eventual acuerdo, que, no obstante, tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados, respondía que sí. «Por supuesto, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance. Y estoy convencido de que el resto de las comunidades autónomas, incluso las gobernadas por el Partido Socialista, harán lo propio».
En el gobierno madrileño se disponen a dar plena batalla política y judicial sobre un asunto que consideran nuclear en lo ideológico y que sirve, además, de flanco fácil para el desgaste de Sánchez. Presentar como «peajes» los acuerdos que puedan salir de la reunión del lunes o de la que al día siguiente mantendrá la comisión bilateral con el ejecutivo vasco para el estudio del traspaso de competencias pendientes, entre ellas el régimen de la Seguridad Social, permite a Ayuso proyectar la imagen de debilidad de un gobierno obligado a «pagar los votos» que necesita para que su presidente siga en la Moncloa.
En la Comunidad de Madrid, además, saben que no están solos. En Sol calculan que los reproches llegarán desde otras comunidades, no solo de color popular ni por cuestiones necesariamente políticas sino también presupuestarias. «No es solo romper la caja común» comenta un miembro del gobierno de Ayuso. «La cuestión es que si se lo da todo a ellos, no hay para los demás. Nosotros aún podemos tirar, pero otras comunidades lo pueden tener muy difícil».
En ese panorama, el ejecutivo madrileño se sitúa al frente, exacerba el debate en lo político y, como anunciaba su portavoz el viernes, recurrirá a la vía judicial en función de cómo se desarrollen esos acuerdos. La Comunidad de Madrid, de hecho, ya formalizó un recurso ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo del Consejo de Política Fiscal Financiera del pasado febrero que acordó la condonación de deuda autonómica. Entonces fue la madrileña, Rocío Albert, la que lideró el plante de consejeros populares, que abandonaron la reunión.
Ese acuerdo extendía a todas las comunidades la quita de deuda previamente pactada para Cataluña con ERC y contempla la asunción por parte del Estado de más de 83.000 millones de euros del pasivo de las comunidades. Frente a los 8.644 millones condonados a Madrid, el Estado asume 17.104 millones de euros de deuda autonómica catalana. La comunidad más beneficiada, no obstante, tanto en términos absolutos como de porcentaje sobre el total de su deuda, es Andalucía, con 18.791 millones de euros de quita.
