Nuevo paso en la investigación judicial del trágico accidente ocurrido el pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo, en el concejo de Degaña (Asturias), donde murieron cinco trabajadores. Agentes de la Guardia Civil accedieron ayer otra vez al interior de la explotación para continuar con las pesquisas, en una diligencia considerada clave en el proceso judicial. La entrada se produce más de tres meses después del siniestro y se ha llevado a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, tras una compleja operación de limpieza y ventilación a cargo de la Brigada de Salvamento Minero.
La investigación, que permanece bajo secreto de sumario, trata de esclarecer si en el momento del accidente se estaban realizando labores de extracción de carbón de manera irregular. Según fuentes cercanas al caso, los indicios apuntan a que los mineros trabajaban en el tercer piso de la explotación sin los permisos necesarios, en una zona para la que la empresa concesionaria, Blue Solving, no tenía autorización de extracción.
En esta nueva inspección participaron varios peritos, al menos dos de ellos externos al Servicio de Minas y designados a petición de la Fiscalía. El operativo fue coordinado por el juzgado de Cangas del Narcea, que instruye el caso. La Guardia Civil mantiene un absoluto hermetismo sobre las actuaciones, con el objetivo de no entorpecer el curso de la investigación.
Según se pudo comprobar en inspecciones anteriores, en el nivel donde se produjo el accidente se localizaron al menos dos huecos de extracción, supuestamente utilizados para obtener carbón de manera ilícita. Estos hallazgos refuerzan la tesis de que la actividad que se desarrollaba en ese momento podría no solo incumplir la normativa minera, sino también suponer un grave riesgo para la seguridad laboral.
Blue Solving tenía pedidos sendos permisos de investigación para las plantas primera y tercera, pero ni siquiera los tenía activados en el momento del accidente. Desde el Gobierno del Principado se aseguró que la compañía no podía extraer carbón, sino únicamente tomar muestras o retirar mineral ya existente, dentro de un marco muy limitado.
En palabras de Belarmina Díaz, consejera de Industria en el momento del suceso (dimitió poco después, presionada por la oposición), los mineros que trabajaban en Cerredo lo hacían en unas condiciones que «ni en el peor de los chamizos».
El accidente que provocó una gran crisis política
El trágico accidente en la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco mineros, desencadenó una grave crisis política en Asturias que se saldó con la dimisión de Belarmina Díaz, entonces consejera de Industria, y con una profunda remodelación del Servicio de Minas. Díaz anunció su dimisión el 15 de abril en el Parlamento, en una comparecencia que sorprendió a todos los grupos políticos salvo al PSOE, ya que la ya exconsejera había comunicado su decisión el día anterior Adrián Barbón. El jefe del Ejecutivo asturiano tardó unas horas en reestructurar el Gobierno, dividiendo las competencias de la Consejería y repartiéndolas entre Borja Sánchez, titular de Ciencia, y Alejandro Calvo, responsable de Movilidad, dos de los miembros con mayor peso. Sánchez asumió las competencias de Industria, y su departamento pasó a llamarse Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. Calvo incorporó Medio Ambiente a su cartera, quedando al frente de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.
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