Días decisivos para la nueva financiación de Cataluña. El Gobierno (PSOE), la Generalitat (PSC) y ERC negocian a contrarreloj y una de las cuestiones clave es el impulso de la Agència Tributària de Catalunya (ATC). Según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes de la negociación, la propuesta es reforzar la ATC para que pase de los 5.000 millones que recauda actualmente a los 30.000 millones. Esto también obligaría a doblar paulatinamente la plantilla y dotarla de los recursos necesarios, como por ejemplo de todo el equipamiento material e informático.
Para abordar los asuntos más candentes de la negociación, el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, comparecerá este sábado a las 10 horas desde la sede del partido. Es la señal de que las conversaciones han entrado en la fase decisiva. Fuentes de ERC explican que ya hay un acuerdo en el ‘qué’, es decir, en el «marco general» para mejorar la financiación, pero que el problema sigue siendo en definir el ‘cómo’, es decir, en el contenido de la proposición de ley que se registrará en el Congreso para concretar toda la operación.
Así, respecto al ‘qué’, las dos partes están de acuerdo en que Cataluña tendrá una financiación que «dé respuesta a las necesidades del país» y que tenga claro que «el primer paso es la recaudación» de los impuestos que se pagan en Cataluña por parte de la agencia catalana. Esto es lo que permitirá el salto de los 5.000 a los 30.000 millones a través de la recaudación del IRPF y de otros impuestos.
El asunto es pues en cómo se ejecuta la operación y, por lo tanto, en el contenido de la proposición de ley que ERC tiene previsto registrar en el Congreso. Aquí es donde se resiste el pacto porque es donde se tienen que definir bien los detalles. Los republicanos consideran que el PSOE y el PSC tienen que dar aún más «pasos adelante en términos de soberanía fiscal y de recaudación». La intención es cerrar un acuerdo antes de la reunión del lunes en Barcelona de la Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat, pero el tiempo se agota.
Precisamente, este viernes se han conocido los representantes de los dos gobiernos que se darán cita en Barcelona. La delegación catalana estará liderada por el conseller de Presidència, Albert Dalmau, y la de Economía, Alícia Romero. La del Estado estará encabezada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Hacienda, Jesús Gascón. Destaca la ausencia de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que nunca se ha sentido cómoda en esta negociación, sobre todo desde que se supo que sería la candidata del PSOE en Andalucía.
Negociación a la vista
Si socialistas y republicanos llegan a un acuerdo sobre la proposición de ley, entonces empezará su tramitación en el Congreso, donde no está claro que tengan los votos garantizados. Junts es reticente a sumarse al pacto porque lo considera insuficiente incluso antes de verlo. Otros partidos como el BNG, Podemos y Compromís han expresado también sus dudas porque consideran que es un trato preferencial hacia Cataluña.
Para reducir las suspicacias, el Gobierno está dispuesto a que el resto de comunidades que quieran recaudar su IRPF también lo puedan hacer. Esto es una estrategia del ejecutivo de Sánchez para defenderse ante posibles impugnaciones, ya que podría alegar que se respeta el principio de igualdad entre territorios. Este viernes la vicepresidenta ya ha abonado el terreno explicando que el objetivo es «federalizar» la gestión tributaria para todas las comunidades «por igual».
Quien seguro que no dará tregua son el PP y Vox. Los populares ya han advertido de que este acuerdo le parece, directamente, una «financiación ilegal» de Cataluña. Tampoco el partido de Abascal lo ve con buenos ojos. «Nuestro compromiso es batallarlo y, si se aprueba, lo revertiremos cuando gobernemos», señalan fuentes del partido de extrema derecha.
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