Durante más de una década, 430.000 metros cuadrados de suelo se convirtieron en el epicentro de una batalla legal, política y geográfica entre San Pedro del Pinatar (Murcia) y Pilar de la Horadada (Alicante). Lo que a simple vista podría parecer un conflicto menor entre dos municipios vecinos ha terminado afectando a los límites oficiales entre dos comunidades autónomas y ha ocupado páginas enteras de informes del Instituto Geográfico Nacional, dictámenes del Consejo de Estado y hasta una sentencia firme del Tribunal Supremo.
Un conflicto con siglos de historia
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La disputa no era un simple conflicto vecinal. Si el alto tribunal hubiese dado la razón a San Pedro del Pinatar, habría sido necesario modificar oficialmente la extensión de la Región de Murcia, que pasaría de los actuales 11.313 kilómetros cuadrados a 11.313,5, y reducir la superficie de la Comunidad Valenciana de 23.255 a 23.254,5 kilómetros cuadrados. Es decir, la batalla territorial tenía consecuencias directas en los límites oficiales entre comunidades autónomas y en toda la cartografía nacional.
Todo comenzó en 2006, cuando el entonces alcalde de San Pedro, el popular Pedro José Pérez, alegó que la frontera entre ambos municipios estaba mal trazada. El regidor esgrimía un acta de deslinde de 1897 según la cual los mojones que delimitaban el término municipal debían unirse mediante una línea recta. Sin embargo, los mapas oficiales desde al menos 1929 se basaban en una línea curva siguiendo el trazado de la Vereda Real de Ganados del Reino, también conocida como la Vereda Real de la Raya. Esta línea natural ha sido durante décadas el límite aceptado entre ambos términos municipales y, por tanto, entre la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.
Vista al pueblo de Pilar de la Horadada
La iniciativa del exalcalde, al que incluso se llegó a llamar irónicamente Pedro I el Reconquistador, desató un conflicto jurídico que acabó implicando al Instituto Geográfico Nacional, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Audiencia Nacional y finalmente al Tribunal Supremo, después de que todas las resoluciones previas dieran la razón a Pilar de la Horadada.
El conflicto alcanzó incluso un punto surrealista cuando Pedro José Pérez ordenó mover dos de los cuatro mojones de la linde entre San Pedro y Pilar, lo que provocó una reacción institucional en cadena y el reproche de su propio partido en el Gobierno regional murciano.
Justicia, mapas y heridas políticas
La sentencia definitiva del Supremo no solo da la razón al municipio alicantino, sino que también impone las costas del proceso judicial a San Pedro del Pinatar. Además, refuerza la legitimidad del deslinde validado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2009, que se apoyó en un acta del siglo XVIII para consolidar la frontera según el trazado sinuoso de la vereda.
Flores frente a los edificios de Pilar de la Horadada
El consistorio pilareño está además colaborando con las universidades de Alicante y Miguel Hernández en una investigación sobre los límites históricos de la localidad, que podría culminar con una publicación con motivo del próximo 30 de julio, día de la independencia del municipio.
Por su parte, desde San Pedro del Pinatar trataron de desdramatizar el resultado judicial. Ya en su día reconoció que, si bien el deslinde era importante para parte de la ciudadanía, “las prioridades reales del municipio están en la mejora de los servicios básicos, como la limpieza y la seguridad”.
Este contencioso, que podría haber parecido anecdótico por tratarse “solo” de medio kilómetro, muestra hasta qué punto las fronteras administrativas siguen siendo una cuestión sensible en España, especialmente cuando implican historia, identidad y mapas oficiales. La sentencia cierra una etapa de tensiones locales, aunque deja una huella duradera en la memoria de dos pueblos vecinos que, a pesar de los pleitos, se siguen considerando «amigos».
