El presidente del Gobierno ha comparecido en el Congreso para dar explicaciones por el caso Santos Cerdán, el hasta hace poco exsecretario de Organización y diputado del PSOE, ahora en prisión preventiva por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, acusado de los delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. Como viene haciendo desde el estallido de la crisis, Sánchez ha tratado de encapsular la corrupción, circunscribiéndola a José Luis Ábalos y a Cerdán y desmarcando al PSOE y al Gobierno. El presidente ha vuelto a pedir perdón, ha reiterado su intención de no tirar la toalla, descartando dimitir o someterse a una cuestión de confianza, y ha presentado un plan estatal contra la corrupción.
Un plan que se divide en cinco ejes: la prevención de riesgos y el incremento de los controles, por medio de la creación de una agencia de integridad pública independiente o del endurecimiento de la adjudicación pública; el incremento de la protección a los denunciantes de corrupción; el fortalecimiento de la capacidad sancionadora del Estado, a través de la introducción de procedimientos sumarios, el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción, el endurecimiento de las penas por delitos contra la administración pública o la creación de una lista negra de empresas para evitar que las condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la administración; la mejora de los mecanismos para la recuperación de activos robados y la creación del decomiso preventivo y, finalmente, campañas de concienciación ciudadana y formación de los empleados públicos. Algunas de estas propuestas, avaladas por la OCDE, deberían dar lugar a la reforma de la ley de contratos del sector público, muy vulnerable por la falta de controles efectivos y, sobre todo, por la discrecionalidad en los contratos menores, un coladero que no se menciona explícitamente. Por ello, pese a la intencionalidad del conjunto de estas medidas para poner coto a actividades irregulares en la administración, la enunciación de las mismas ha adolecido de falta de concreción a la hora de ejecutarlas, lo que conlleva que el paquete desgranado por Sánchez en su comparecencia resulte claramente insuficiente.
La mayor parte del bloque de investidura, pese a las críticas, ha evitado de momento censurar a Sánchez. Solo Coalición Canaria ha reclamado abiertamente que se someta a una cuestión de confianza, mientras que el PNV y Compromís lo han insinuado. Más contundentes han sido Vox y el PP, exigiéndole la dimisión y sin descartar una moción de censura. Vox ha optado por una ‘performance’, ausentándose del pleno durante la intervención del presidente, mientras que Núñez Feijóo no estuvo afortunado en el turno de réplicas, cuando entró en el terreno de las descalificaciones personales hacia Sánchez sobre asuntos que no están judicializados, a diferencia de los que motivaron la comparecencia del presidente del Gobierno. En definitiva, un debate poco estimulante, que ha evidenciado que Sánchez no puede dar por descontado el apoyo de los partidos que lo invistieron y que no hay músculo suficiente para llevar a cabo una moción de censura. Un choque de impotencias que llevan al inmovilismo.
Suscríbete para seguir leyendo
