A principios del pasado mes de diciembre, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente asumió la investigación penal al exministro y entonces diputado socialista José Luis Ábalos. Se trataba de una causa que había escalado desde la Audiencia Nacional y que ha evolucionado desde un supuesto pelotazo en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes a convertirse en el caso de corrupción que ha puesto en jaque al Gobierno de Pedro Sánchez.
De forma paralela a esta evolución del proceso, Puente ha pasado de tener una presencia discreta en la Sala Segunda del alto tribunal a concitar toda la atención política y mediática a cuenta de sus decisiones, sobre todo desde que el pasado 30 de junio ordenó el ingreso en prisión del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Puente, de 61 años, es un magistrado de sensibilidad progresista que durante un tiempo formó parte de Juezas y Jueces para la Democracia, la asociación profesional más cercana a las tesis socialistas. Tras una amplia carrera judicial que se inició en los años 90 fue propuesto en 2020 para entrar en el Supremo por los vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial, si bien su designación obtuvo un amplio apoyo de 19 de los 21 miembros de éste órgano. Únicamente votaron en blanco los vocales Álvaro Cuesta y Concepción Sáez, los que se venían oponiendo a todos los nombramientos mientras el Consejo, cuyo mandato había concluido dos años antes, se mantuviera sin renovar, en protesta por la situación creada por la falta de acuerdo político.
Excelencia técnica
De carácter reservado e impenitente fumador, tal y como le describen sus compañeros en el alto tribunal, Puente es madrileño pero su familia procede de Alguazas, un pueblo de Murcia que visita con frecuencia. Tiene dos hijos, — el varón profesor de Derecho Penal, y la mujer médico– y todos los juristas consultados sobre él por este diario destacan su excelencia técnica y gran capacidad de trabajo, algo que se está viendo reflejado en sus resoluciones en el caso Koldo.
Puente se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y obtuvo también plaza como fiscal, aunque nunca ha ejercido como tal y se encuentra en situación de excedencia en dicha carrera desde el año 1990. Como juez ha servido en los Juzgados mixtos número 2 de Cambados (Pontevedra), número 6 de Huelva y número 4 de Segovia, así como en las Audiencias Provinciales de Cuenca y Madrid y en la Sección de apelación de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia desde 2018. Desde allí fue ascendido al Supremo.
También ha sido profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha durante varios cursos académicos, impartiendo también docencia en instituciones públicas y privadas. Como autor, ha firmado diferentes monografías relativas al derecho procesal penal y a la parte general del Derecho Penal.
Investigación a Navarro y amnistía
Ya en el Supremo, Puente actuó como ponente de una querella que fue rechazada contra el que fuera presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, por un intercambio de mensajes con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, durante la instrucción de la causa ‘Kitchen’. Otra de sus ponencias más relevantes fue la de la resolución que adoptó el Tribunal Supremo el pasado mes de julio planteado cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía por vulneración del derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica.
El exministro de Transportes José Luis Ábalos a su llegada al Tribunal Supremo, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín – Europa Press
El Supremo no suele ser un órgano de investigación salvo causas de aforados, y se centra en la unificación de doctrina jurisprudencial. En esta labor, el magistrado Puente ha abordado diferentes litigios penales, entre ellos varios en los que ha reforzado la jurisprudencia en materia de protección de la víctima de violencia de género.
También ha sido ponente de resoluciones por delito de malversación de caudales públicos, aunque de rango menor al que le ha tocado ahora instruir con relación a la trama de supuesto pago de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública que anidó en el ministerio comandado por Ábalos.
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