El Bloque Nacionalista Galego elevó al último pleno celebrado en el Parlamento gallego una propuesta que busca crear en la región una oficina antifraude. El debate sobre la medida del BNG ha coincidido con las palabras del líder de los ‘populares’ en la Cámara Baja en la sesión en la que el presidente del Gobierno ofrecía explicaciones sobre lo ocurrido con el caso de presunta corrupción que afecta a miembros de su partido y Gobierno.
Alberto Núñez Feijóo, que para muchos perdió una oportunidad de oro para dar la puntilla a Pedro Sánchez, centró su discurso en el insulto y la descalificación, mostrándose como una especie de adalid frente a la corrupción. Sin embargo, los hechos no acompañan casi nunca al de Os Peares y, mientras esto sucedía en Madrid, en Santiago de Compostela, en la sede del Parlamento autonómico, su formación ponía una palo en la rueda de su argumentación. El grupo popular, ante la propuesta nacionalista presentada por su diputado Iago Tabarés, para crear una oficina antifraude independiente del poder político como instrumento «para evitar que se perpetúe el sistema de corrupción impune», según explicó, decidió votar en contra. Esta postura, para el parlamentario del Bloque no es más que la demostración de que el PP «no tiene voluntad real de luchar contra la corrupción».
En su intervención, Tabarés recordó que esta actitud del PP «la lleva dejando clara en el Parlamento desde hace tiempo, imponiendo su mayoría absoluta para, por ejemplo, falsear la comisión de investigación sobre los ‘chanchullos'» de esta formación en los «contratos menores» o el «sobreprecio de 470 millones de euros del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, para evitar que se conozca el documento secreto firmado entre Altri y la Xunta a través de la Sociedad Impulsa o para ocultar toda la información relativa a los contratos de la administración gallega con Eulen, la empresa que dirixe en Galicia la hermana de Feijóo a la que le concedieron hasta 37 millones de euros en adjudicaciones a dedo».
Otro ejemplo de esta «falta de voluntad», añadió el diputado del BNG, es el veto a que el propio Feijóo justifique en la Comisión del Estatuto del Diputado de la Cámara gallega un incremento patrimonial de 850.000 euros en año y medio, «que hoy, por cierto, sería delito penal». Se preguó sobre esto Iago Tabarés: «¿Cuál fue la respuesta del PP?»; para responderse que «no volver a convocar en aquella legislatura la Comisión del Estatuto del Deputado y tampoco a convocarla ahora para que una de sus diputadas explique la relación no acreditada con una empresa que contrata con la Xunta».
Galicia no es ajena a la corrupción
A raíz de todo lo anterior, el parlamentario nacionalista advirtió de que Galicia «sus instituciones y la ciudadanía», no es ajena a la corrupción, lo que evidencia «la insuficiencia de los instrumentos existentes para evitarla y perseguirla». En este sentido mencionó que tal y como señala el Índice Europeo de Calidad de Goberno, elaborado por la Universidad de Gotemburgo y utilizado por la Unión Europea para evaluar la calidad de la gobernanza, «concluye que en Galicia existe una percepción de un elevado nivel de corrupción, muy superior al de la media europea, ocupando además uno de los peores puestos dentro del Estado en ese índice».
Por ello, la oficina antifraude que propone el BNG sigue el modelo de las que funcionan desde hace años en Cataluña, Navarra y Andalucía. También de las creadas por gobiernos progresistas en Baleares y Valencia, «pero que PP y Vox desmontaron en el primer caso y están sometiendo a demolición en el segundo».
De este modo, la iniciativa del Bloque funcionaría como instrumento con personalidad jurídica propia y gozaría de total autonomía e independencia funcional, adscrita al Parlamento de Galicia. Su actividad estaría encaminada «no solo a la prevención de la corrupción, sino también a la investigación de todas las conductas susceptibles de ser constitutivas de fraude, corrupción o conflicto de intereses», en palabras de Iago Tabarés.
Así, durante su explicación, el parlamentario nacionalista subrayó el perjuicio significa para la calidad democrática, para empresas que no pueden acceder en condiciones de igualdad a los contratos públicos en general para el bienestar de la cidadanía. En este sentido, según comentó, «hablamos de recursos públicos que por financiar organizaciones políticas, por ejemplo, dejan de destinarse a sanidad, educación, vivienda, carreteras o seguridad cidadana».
«Cuando una concesionaria hace ‘regalos de la hostia’ no es con sus fondos. Esos regalos los estamos haciendo todos a costa de la sanidad o la educación», señaló.
A pesar de la «sensación de impunidad» que transmite la corrupción, Tabarés quisó resaltar que «no es un mal evitable» y que «la corrupción cero sí es posible». «El BNG lleva muchos años, décadas, gobernando en instituciones sin causas de corrupción, totalmente limpio. Por lo tanto, no todos somos iguales», concluyó.
