El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, impuso este miércoles sanciones a la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, a la que acusa de «antisemitismo descarado» y de llevar a cabo una «campaña» contra Israel. «La campaña política y económica de Albanese contra EEUU e Israel ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa», declaró el jefe de la diplomacia estadounidense en su cuenta de la red social X. Las sanciones contra Albanese, una voz especialmente crítica contra la ofensiva israelí en Gaza, son las mismas que las impuestas el pasado 6 de febrero contra el tribunal de la ONU, y se resumen en el bloqueo de bienes y activos, así como la retirada del visado y prohibición de entrada en EEUU.
La italiana Francesca Albanese es la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los Territorios Palestinos ocupados desde 1967 y ha acusado duramente a Israel en los últimos años de cometer crímenes de guerra, incluyendo un genocidio en la Franja de Gaza. Las sanciones obedecen a una orden ejecutiva firmada en febrero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para bloquear activos y retirar el visado estadounidense a cualquier persona que colabore en la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Israel.
La reacción de Albanese
Albanese ha reaccionado a la medida «sin comentarios sobre las técnicas de intimidación al estilo mafioso». Preguntada por la cadena de televisión panárabe Al Yazeera, ha asegurado que se mantiene «ocupada recordando a los estados miembros (de la ONU) su obligación de detener y castigar el genocidio y a quienes se benefician de él».
El apoyo de Amnistía Internacional
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha reaccionado a la medida de Washington, mostrándose «consternada» y ha defendido que Albanese «trabaja incansablemente para documentar e informar sobre la ocupación ilegal, el apartheid y el genocidio de Israel, basándose en el Derecho Internacional». «Recordamos que los relatores especiales son expertos independientes. No son nombrados para complacer a los gobiernos ni ser populares, sino para cumplir con su mandato», ha manifestado a través de su perfil en la red social X. Por último, ha sostenido que «los gobiernos de todo el mundo y todos los actores que creen en el orden basado en normas y en el Derecho Internacional deben hacer todo lo posible para mitigar y bloquear el efecto de las sanciones contra Albanese y, a nivel general, para proteger la labor e independencia de los relatores especiales».
Las acusaciones de Rubio
En un comunicado, Rubio acusa a Albanese de haber «colaborado directamente» con la CPI para emitir las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza. El secretario de Estado considera que Albanese está «incapacitada» por ejercer como relatora especial porque «ha expresado un antisemitismo descarado, apoyo al terrorismo y un abierto desprecio por EEUU, Israel y Occidente». Señaló además que «ha intensificado esta estrategia» al haber recomendado a la CPI que investigue y procese a empresas que se habrían beneficiado de la guerra en Gaza. En un reciente informe, Albanese denunció que grandes firmas de inversión como Blackrock o Vanguard han cometido «graves violaciones del derecho internacional» por haberse lucrado de una «economía del genocidio».
La posición de la ONU
Naciones Unidas reclamó este jueves a EEUU que revoque las sanciones impuestas, antes de alertar contra la aplicación de «medidas punitivas» contra ella y apelar a «un diálogo» sobre las denuncias que ha planteado sobre la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. «Pido la pronta revocación de las sanciones estadounidenses contra la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Francesca Albanese, en respuesta a la labor que ha realizado en virtud del mandato sobre la situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados», ha afirmado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. Así, ha subrayado que «los relatores especiales de la ONU, junto a otras partes del ecosistema de Derechos Humanos, abordan, por su naturaleza, cuestiones delicadas y a menudo divisivas que son de interés internacional», antes de destacar que «incluso ante fuertes desacuerdos, los estados miembro de Naciones Unidas deberían interactuar de forma sustancial y constructiva, en lugar de recurrir a medidas punitivas».
«Los ataques y amenazas contra los titulares de mandatos de procedimientos especiales, así como contra instituciones clave como el Tribunal Penal Internacional (TPI), deben cesar. La solución no es menos, sino más, debate y diálogo sobre las preocupaciones reales de Derechos Humanos que abordan», ha apostillado, en referencia a las sanciones impuestas por Washington contra cuatro juezas de la corte por varios casos, incluidas las emisiones de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva en Gaza.
