Les une no solo haber sido señaladas en la confesión de un arrepentido, o que las analice un informe de la UCO… también tienen en común la caída en sus cuentas de resultados. En los tres casos, tras salir del ministerio de Transportes -sin explicación oficial entonces- sus supuestos valedores: el ministro José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García Izaguirre.
Los pasados viernes 4 y lunes 7, dirigentes de firmas aparentemente inconexas de Navarra, Valencia y Madrid atravesaban el mismo umbral del Tribunal Supremo para declarar ante el juez Leopoldo Puente. Ha sido el último capítulo en la investigación de las mordidas por obra pública para la trama Koldo-Ábalos-Cerdán.
La instrucción se centra ahora en el flanco de los supuestos corruptores, y las tres firmas consideradas –se investiga además a un ex alto ejecutivo de Acciona- muestran patrones similares en las cuentas de resultados declaradas: se fueron Koldo y Ábalos, y llegaron las vacas flacas.
A la baja
Dos de las empresas bajo la lupa de la UCO buscó datos para su famoso informe del cinco de junio, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR), son las que mencionó el comisionista Víctor de Aldama medio año antes, en diciembre pasado, en un escrito que llevó a la Audiencia Nacional provocando la extensión del escándalo: de la compra de mascarillas a los sobornos en obras públicas.
En el caso de OPR, sus resultados cayeron un 48% tras la salida de Koldo de su despacho en Transportes. Lo abultado del porcentaje incide en cuentas modestas: lo son todas las de resultados de la firma de los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez… porque lo suyo, supuestamente, no era tanto facturar como ser eje en la licitación.
Del inicio de su relación con Koldo García tiene constancia la UCO con una comunicación del 27 de diciembre de 2018. Al año siguiente, la empresa presentó 473.572 euros de beneficio. En 2020, con la economía española en coma por el confinamiento del covid, la empresa subió a un pico de 575.851 euros de resultado. En el último ejercicio mostrado al Registro Mercantil, el de 2023, la caída es del 48%, hasta los 261.917 euros. En el año siguiente a la salida de Koldo y Ábalos, OPR anota en el capítulo de pérdidas y deterioro 1,3 millones.
La UCO le ha mirado a esta empresa una adjudicación de ADIF en un tramo ferroviario de Lugo en el verano de 2021, una actuación en la autovía andaluza A-32 en Jaén por 75,7 millones de euros y obras en la autovía asturiana A-63 por 7,8 millones. A todas ellas acudió en una UTE (Unión Temporal de Empresas). «Ir en UTE hoy parecerá sospechoso, pero es lo normal para una empresa pequeña: aportamos ayuda a las grandes», dice, en defensa de la firma, un colaborador madrileño de sus dueños.
En la ruina
El caso de LIC es el más notorio en la común trayectoria de caída de las empresas hasta ahora investigadas. Con 39,5 millones anotados en color rojo en sus cuentas de 2023, la empresa está en disolución y bajo administración concursal.
El desastre “fue por los argelinos”, responde lacónicamente José Ruz, el dueño de la firma valenciana. Veinticuatro horas después de pasar por el Supremo, pide a EL PERIÓDICO no hacerle más preguntas: “He decidido no hablar más de lo que está bajo investigación judicial”, explica.
Pedro Sánchez, el entonces presidente valenciano Ximo Puig y José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, inauguran en febrero de 2021 el tramo del AVE entre Madrid y Elche, cuya estación construyó LIC, ahora investigada. / Pool EFE
A LIC le mira la Guardia Civil obras de las que hablan Koldo y Ruz en comunicaciones incautadas: una modificación de la carretera Dos Hermanas–Los Palacios (Sevilla) en junio de 2019 a la que fue con Acciona por 4,5 millones; la construcción, también en UTE, de la estación de AVE en Elche (Alicante) entre 2020 y 2021; una licitación de Adif -mandada por la hoy imputada Isabel Pardo de Vera- para estabilizar taludes en el tramo ferroviario Gijón–Pravia (Asturias), en noviembre 2020 por 592.053 euros; obras en carreteras de Teruel, en enero 2021 por 5,7 millones y la pieza mayor: obras en la autovía A-12 Camino de Santiago entre Burgos y La Rioja, en octubre 2019, por 72,4 millones.
Pero las tribulaciones de la firma para cobrarle un proyecto al gobierno argelino pudieron ser el motivo más acuciante para que el empresario Ruz buscara ayuda de Koldo, si bien Ábalos ya estaba fuera del Ejecutivo. Este extremo no figura en las grabaciones analizadas hasta ahora por la Guardia Civil, pero es parte de la investigación, según fuentes conocedoras del caso.
Ya antes, LIC había tragado otro impagado en Panamá, en su fracasada expansión exterior. En 2020, con Koldo y Ábalos en el ministerio, LIC pasa de perder 474.860 euros a ganar 43.730 con la economía bajo mínimos por la pandemia de covid. El último año de estancia de Koldo y Ábalos en el Gobierno los resultados de la firma se disparan hasta más de un millón. Al año siguiente, el camino de pérdidas se inicia con 16.964 euros en números rojos.
El empresario José Ruz llega al Supemo para declarar, el pasado 4 de julio. / Gustavo Valiente EUROPA PRESS
El 14 de junio de 2024 LIC entra en concurso de acreedores. El motivo principal de los 39,5 millones de quebranto anotados en 2023 es el de “pérdidas, deterioro y variación de provisiones”, o sea, el capítulo contable en el que anotar las deudas -argelinas o no- que no podrán ser cobradas.
Empresa clave
En su informe, la UCO recuerda que si bien “el 12 de julio de 2021 fue cesado en su cargo Ábalos, abandonando Koldo también su puesto de asesor”, no desapareció toda su influencia: “La relación de Koldo con miembros del MITMA (Ministerio de Transportes) no se vio interrumpida, haciendo uso de ésta para seguir velando por los intereses de LIC, entre otros”.
Además, seguía Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE, estrechamente ligado a Servinabar. El propietario de la firma, el guipuzcoano Joseba Antxon Alonso, declaró este lunes negando acusaciones; también que compartiera la propiedad de la empresa con su amigo Cerdán, aunque la UCO hallara en su casa un documento preparado para llevar al notario con una cesión del 45% para el socialista.
29 de julio de 2017. Santos Cerdán abre su último congreso como secretario de organización de los socialistas navarros. / Villar López EFE
En junio de 2017 llega Santos Cerdán de Pamplona a la sede socialista de Ferraz como secretario de Coordinación Territorial. Ese año, Servinabar termina con 48.880 euros de beneficio. Al año siguiente, el resultado se ha multiplicado por dos.
En junio de 2018, cuando entra Koldo en Transportes, ya hacía tres años que el ex guarda jurado conocía al director de Acciona en Navarra, Fernando Merino, el ejecutivo que mete a Servinabar en la red de proveedores del gigante de la obra pública. Durante la estancia de Koldo en el ministerio, la firma navarra multiplica por dos sus beneficios. Desde que salió el navarro de Transportes, Servinabar no presenta cuenta de resultados en el Registro, pese a la obligación -sancionable- de inscribirlas cada año, con julio del año siguiente como tope.
Siempre con Acciona de la mano, la empresa aparece en tres licitaciones investigadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil: 56,9 millones de euros para accesos a la Mina Muga, explotación de potasas en Sangüesa (Navarra), en diciembre de 2015; seis millones para reformas en las obras del pabellón Navarra Arena, en octubre de 2017; y la ampliación del túnel de Belate por 62,8 millones.
Grandes presupuestos y discretos resultados. Pero es que a Servinabar se le atribuye en la trama una función distinta de la de competir, ser el socio diminuto imprescindible para cada contrata… y, supuestamente, pagar favores.
La obra de Belate no discurre en paz. Acciona quiere prescindir de su socio, adelantó El País, pero no podrá hacerlo de momento: no está aún ejecutado el 20% del trabajo, mínimo que fija la ley de Contratos del Sector Público para poder hacer un cambio como ese.
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