La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estalla contra la proliferación de encargos de evaluaciones e informes por parte del Gobierno que exceden el mandato que le atribuye la ley orgánica por la se creó el organismo. La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, ha anunciado este miércoles que su organismo ha planteado una cuestión a la Abogacía del Estado para determinar hasta qué punto el Gobierno puede sumar nuevas encargos de informes, opiniones y evaluaciones a un organismo cuyas tareas están acuñadas en una ley superior (de carácter orgánico) y que se autofinancia con las tasas que cobra a las diferentes administraciones públicas por sus informes.
La presidente de la Airef interpreta que la proliferación de encargos en los que el Gobierno, además, determina las fuentes de información que debe utilizar la Airef, los plazos a los que debe someterse y la metodología que debe emplear en determinados informes atenta contra su «autonomía e independencia». «Hemos planteado una consulta a la Abogacía del Estado para que nos diga nuestra interpretación es correcta o no, y si se nos pueden endosar por ley orgánica, real decreto ley o por un simple real decreto obligaciones no recogidas en nuestra ley orgánica», ha expresado Herrero en el transcurso de una rueda de prensa convocada para presentar la cuarta opinión de la Airef sobre el Ingreso Mínimo Vital.
La «gota que ha colmado el vaso» -en expresión de la propia Herrero- ha sido el reciente encargo por parte del Gobierno de un informe extraordinario sobre la sostenibilidad de las pensiones que debería ser presentado antes del 1 de junio de 2026. El Ejecutivo puso en marcha este nuevo diagnóstico el pasado 5 de junio, apenas dos meses después de que la propia Airef avalara la viabilidad del sistema, pero con acotaciones muy críticas, y dos años antes del que debería volver a publicar este organismo fiscalizador, antes de abril de 2028.
«¿Realmente alguien piensa que la visión de la Airef sobre la sostenibilidad de las pensiones va a cambiar en un año?», se ha preguntado Herrero de forma retórica. «Seguimos diciendo lo mismo: que la reforma de las pensiones aumenta el desequilibrio de la Seguridad Social en más de un punto de PIB», ha dicho.
Además, ha vuelto a cargar contra la regla de gasto definida por el Gobierno y convertida en indicador de la sostenibilidad de las pensiones: «El problema es que tenemos una regla de gasto en pensiones que no mide nada, no mide la sostenibilidad y está definida de tal manera que es absolutamente sensible al ciclo», ha añadido Herrero para desacreditar el indicador incorporado por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la reforma del sistema público.
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