El Ingreso Mínimo Vital (IMV) disminuye la probabilidad de trabajar en 3 puntos porcentuales (caída del 12%) y reduce el número de días trabajados en 0,6 días mensuales (un 11% respecto al promedio previo).
Así lo refleja la cuarta opinión sobre el IMV presentada este miércoles por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en la que actualiza los módulos anteriores y analiza por primera vez el impacto de la prestación en el empleo.
La AIReF detecta que los efectos en cuanto a la probabilidad de trabajar son más pronunciados en menores de 30 años, en hogares monoparentales y con importes de la prestación superiores a la media, llegando a desincentivar la participación laboral en cifras superiores al 20%.
En relación con la calidad del empleo, entre los beneficiarios que mantienen su vinculación laboral, se observan cambios en las características del empleo que sugieren una mejora en la calidad, registrándose un incremento del 3% en la probabilidad de tener un contrato indefinido.
El análisis revela que el 90% de los beneficiarios permanece más de 12 meses, el 75% supera los 24 meses y aproximadamente el 60% mantiene la prestación durante más de 3 años.
La AIReF constata un incremento del 14% en el número de beneficiarios y un crecimiento del 34% en el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Además, se reducen en 45 días los tiempos medianos de tramitación de la prestación.
Sin embargo, el estudio puntualiza que estos progresos conviven con resultados que evidencian que el IMV «no ha experimentado modificaciones estructurales relevantes, conservando un diseño que presenta limitaciones desde sus inicios para alcanzar sus objetivos».
Entre los indicadores clave que permanecen sin mejoras significativas destacan la cifra de ‘non take-up’ (beneficiarios con derecho a percibir la prestación que no la solicitan) similares a las de años anteriores (55% en el IMV y 72% en el CAPI; complejidad administrativa continuada, con un 68% de hogares que experimentan modificaciones por revisiones de rentas, y diferencias territoriales mantenidas con Cataluña e Islas Baleares con tasas de no solicitud superiores al 65%, que «evidencian la falta de coordinación del IMV con las rentas mínimas de las comunidades autónomas».
