Los partidos Llibertat Llucmajor y S’Ull, ambos en la oposición del Ayuntamiento de Llucmajor con dos representantes cada uno, han tramitado este miércoles frente a la Fiscalía de les Illes Balears una denuncia conjunta por presunta prevaricación administrativa contra la alcaldesa Xisca Lascolas (PP) en relación a unos «pagos sin amparo legal» que ha aprobado este año 2025. Ambas formaciones aseguran que la denuncia incorpora más de 30 documentos probatorios anexos para que «se investigue y juzgue a la alcaldesa de Llucmajor» por esta cuestión.
Además de la alcaldesa, también han sido denunciados otros concejales de su equipo de gobierno por «haber votado a favor de dichos pagos pese a los informes jurídicos del Ayuntamiento que alertaban de la violación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público». Unos informes que, según apuntan, «han sido reiterados y constantes desde que el año 2024 la alcaldesa anunciase que tenía intención de pagar las facturas sin amparo legal».
Los dos partidos explican que los servicios jurídicos de Intervención, Secretaria y Contabilidad del Ayuntamiento «avisaron mediante sus informes de que el pago de estas facturas son sin amparo legal, debido a la violación de la Ley, y que las responsabilidades contables, administrativas y penales, recaerían en los concejales del Ayuntamiento que voten a favor».
«Pese a los reiterados avisos, y las propuestas alternativas ofrecidas por la oposición para subsanar la crisis de basuras que sufre el municipio de Llucmajor, la alcaldesa, sin justificación alguna optó por saltarse la Ley sin conseguir mejoras en el servicio», añaden. Por ello, tras una revisión jurídica por los expertos, desde ambas formaciones entienden que «se ha cometido un presunto delito de prevaricación administrativa contemplado en el artículo 404 del Código Penal, que hace referencia al delito de prevaricación cometido por cargos públicos».
“La alcaldesa sabía perfectamente lo que estaba haciendo, ya en 2024 estaba avisada por los funcionarios del Ayuntamiento. Eso no la ha detenido en aprobar más de 60.000 euros de facturas ilegales. Para colmo, ha intentado en el último pleno ordinario aprobar otros pagos que superan los 100.000 euros por el mismo concepto sin amparo legal”, explica Alexandro Gaffar, portavoz de Llibertat Llucmajor.
“Llevamos avisando pleno tras pleno que están yendo por un camino muy peligroso que atenta contra las arcas públicas del Ayuntamiento y no soluciona el problema de las basuras. La empresa se beneficia de pagos fuera de contrato, fuera de Ley y el servicio es desastroso”, según Claudia Fallemann, portavoz de S’Ull.
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