Pedro Sánchez comparece este miércoles en el Congreso en un pleno maratoniano. A las 9:00 de la mañana, el presidente del Gobierno se subirá a la tribuna de la Cámara baja para encarar un primer debate monográfico sobre la presunta corrupción en el seno del PSOE. Más allá de la muy dura intervención que se espera de Alberto Núñez Feijóo, el jefe del Ejecutivo deberá tener puesta la atención en sus socios parlamentarios, de los que pende la legislatura. Y la verdad es que todos los aliados llegan a la cita ciertamente molestos por la tardanza de Sánchez para dar explicaciones y con exigencias claras sobre la mesa.
ERC, uno de los socios más estables del Gobierno en los últimos años, lleva semanas exigiendo a Sánchez que acuda al Congreso a rendir cuentas sobre lo que ocurre en su partido. El portavoz de la formación en el Congreso, Gabriel Rufián, dejó claro que Sánchez debe «jurar y perjurar» que las informaciones que se están conociendo no acabarán en una «Gürtel» del PSOE con financiación ilegal. Así, le exigió a Sánchez que se personen en la causa contra Cerdán; que eleven las penas contras las empresas corruptoras con «inhabilitaciones de por vida» y «multas millonarias»; y que acaben con los «aforamientos» de diputados.
Además, desde ERC reclaman que se cumplan todos los acuerdos que han alcanzado con el Ejecutivo si quieren seguir contando con su apoyo: el «traspaso de Cercanías«, «revertir el déficit de inversiones» en Catalunya y «más soberanía en los sectores estratégicos» para este territorio.
La formación de Carles Puigdemont ha evitado entrar a fondo en el debate sobre la corrupción en el PSOE. Tras la reunión que mantuvo el presidente del Gobierno con los posconvergentes, el ‘número dos’ de la formación, Jordi Turull, admitió que su confianza en Sánchez está «al límite» y le exigió «garantías» de cumplimiento de los acuerdos pendientes. Fuentes de Junts los resumen en la oficialidad del catalán en la Unión Europea, la tramitación parlamentaria de la delegación de las competencias en inmigración a Catalunya -algo que Podemos rechaza al considerar xenófobo- y la aplicación «completa» de la ley de amnistía.
EH Bildu, que en un primer momento ocupó una de las posiciones más discretas ante el estallido del caso Cerdán, ha puesto sobre la mesa la necesidad de «actuar con contundencia» y tomar «decisiones valientes e integrales». El diputado abertzale Oskar Matute le planteó al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que es necesario perseguir a «corruptos, corruptores y colaboradores necesarios».
Para ello, planteó que la «objetividad ocupe un lugar preeminente» en las adjudicaciones públicas, mayores sanciones para las empresas corruptores; la obligación de que estas devuelvan cualquier ayuda pública; y que su persecución no se limite a la forma empresarial que tenían en ese momento, sino que se investigue su origen.
El PNV ha sido uno de los aliados más insistentes a la hora de reclamar explicaciones a Sánchez. Sobre todo, teniendo en cuenta que sus votos son los más buscados por el PP para sacar adelante una moción de censura, lo que sitúa a la formación jeltzale en un complejo equilibrio. La portavoz de la formación en el Congreso, Maribel Vaquero, incidió hace semanas en la necesidad de que Sánchez de cuenta sobre lo ocurrido y dejó claro que su apoyo, al menos por el momento, pasa por el cumplimiento del acuerdo de investidura: «No vamos a pedir ningún plus más ni mercadear con los hechos«.
El socio más duro con el Gobierno es Podemos. La líder de los morados, Ione Belarra, ya ha dado por muerta la actual legislatura, situando a los socialistas junto al PP en lo relativo a la corrupción. No obstante, Podemos se limita a exigir «responsabilidades» a Sánchez, sin reclamar una convocatoria electoral o anunciar la retirada de su apoyo al presidente del Gobierno.
Los dos últimos apoyos del Ejecutivo de coalición son los dos diputados del BNG y de Coalición Canaria. El gallego Nestor Rego, que plantó a Sánchez en la ronda de contacto que el presidente mantuvo con sus socios, le exige que siga cumpliendo con la agenda gallega que pactaron de cara a la investidura. Por su parte, la diputada canaria Cristina Valido ha reclamado este martes que el jefe del Ejecutivo pregunte al Congreso si sigue contando con el apoyo necesario para gobernar: «Queremos una cuestión de confianza y saber si el presidente cuenta con los apoyos necesarios para resolver los problemas de los ciudadanos».
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