La xenófoba pretensión de Vox sobre la «repatriación masiva» de millones de migrantes no tendría ningún sentido en Aragón según ha señalado el presidente del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA), Juan García Blasco, teniendo en cuenta que esta población «es absolutamente necesaria» para la comunidad. Y así lo constata el informe correspondiente al año 2024 presentado este martes, en el que se pide atender este fenómeno «como fuerza laboral y como parte del tejido social», pidiendo un «refuerzo hacia la integración por parte de la sociedad de acogida y también de las personas que son acogidas».
El informe detalla que en el ámbito laboral más del 15% de los ocupados en la comunidad son extranjeros y que la población aragonesa creció en 2024 gracias al saldo migratorio positivo, puesto que el saldo vegetativo continúa su senda «claramente desfavorable». En este contexto, la población extranjera representa un 14,2% del total de residentes.
«Aragón presenta unas condiciones adecuadas para atraer personas o familias inmigrantes debido a la elevada calidad de vida, seguridad, sólido sistema de servicios públicos y entorno laboral favorable», expresa en una de sus reflexiones y recomendaciones el informe del CESA que pretende ser un diagnóstico sobre la situación socioeconómica de la comunidad y que ha sido aprobado por consenso en el seno de la entidad, de la que forman parte las organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme) y sindicales (UGT y CCOO), así como el Ejecutivo autonómico.
La integración de estas personas está sobre la mesa y se reclama acciones transversales para lograrlo, evitando enfrentamientos y señalamientos. «Los migrantes tienen que seguir contribuyendo al desarrollo de la comunidad y por eso debe de ser bien tratada», ha manifestado García Blasco. Así, se piden «actitudes abiertas» que permitan «integrar a personas con rasgos culturales diferentes» y también «migrantes dispuestos a conocer la cultura de acogida». Para lograr este objetivo se reclama ampliar los instrumentos de información y el acceso a los servicios públicos.
El CESA también señala que hacen falta políticas públicas que permitan «atraer una inmigración con la mejor cualificación, reforzar los mecanismos de integración social, apoyar la formación de las segundas generaciones y asegurar la sostenibilidad política del propio modelo».
Además, en el contexto aragonés la inmigración supone una herramienta demográfica de primer orden. «El asentamiento de nueva población ha de entenderse, además, como una oportunidad que podría contribuir a amortiguar la tendencia a la concentración urbana«, otra de las realidades socioeconómicas a las que tiene que hacer frente el tejido social de la comunidad. En este sentido, García Blasco manifiesta que el CESA se encuentra trabajando en un informe sobre la realidad económica del medio rural.
 evidencia en su informe que la población extranjera 'contribuye al desarrollo de la comunidad'){kind=link}