Solo en los últimos ocho meses, ciento treinta y seis empresas asturianas han sido sancionadas por incumplir la prevención de riesgos laborales. En total, el Gobierno de Asturias y la Inspección de Trabajo han tramitado 205 sanciones, en su mayoría calificadas como graves o muy graves por un importe global que supera los 700.000 euros. Además, han derivado a Fiscalía unos cuarenta expedientes.
Los resultados del plan de respuesta contra la siniestralidad fueron presentados esta mañana a la junta rectora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), compuesta por representantes del Principado, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los agentes sociales y la patronal. La reunión fue convocada a petición de los sindicatos tras el último fallecimiento de un trabajador.
El último informe detecta deficiencias en la comunicación de los siniestros, infracciones en los convenios de servicios de prevención ajenos y faltas de subsanación por parte de empresas que han registrado previamente accidentes laborales.
Visitas a empresas
En noviembre, se inició un plan de visitas a empresas de alta siniestralidad, aquellas cuyo índice de incidencia supere en un 50% el de su propio sector. Como resultado, de las 38 visitadas, se han detectado deficiencias en 28. Sobre trece de esos casos ya se ha remitido informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También han enviado cartas a 150 empresas advirtiéndoles que están por encima del índice de incidencia.
Siguiendo con las visitas. Analizaron 56 compañías que habían sufrido una investigación por accidente grave en los dos años anteriores, emitiendo cinco informes por no subsanar las medidas preventivas que se les habían demandado.
Asimismo, hay más de 1.300 partes de accidentes mal comunicados. Además, desde septiembre de 2024 hasta ahora se han detectado 1.165 partes de accidente de trabajo en empresas notificados con posterioridad a los siete días hábiles, mientras que entre autónomos se han detectado retrasos en 176 partes.
Mientras que medio centenar de accidentes graves o mortales han sido mal comunicaciones a la administración. Por todo ello, la Inspección de Trabajo ha iniciado 43 actuaciones y se han efectuado 34 requerimientos de subsanación.
Externalizada la actividad preventiva
Cabe destacar, además, que cerca del 90% de las empresas tiene externalizada la actividad preventiva. En este marco, se han realizado 104 actuaciones de revisión de conciertos de servicios de prevención en empresas que han registrado algún accidente. Hasta ahora se han completado 29 expedientes con 8 actas de infracción y 7 requerimientos de subsanación por incumplimiento.
A la vista de los resultados, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, anunció que el plan de choque pasará a ser permanentes y tendrán un carácter “estructural” dentro de la planificación regional de lucha contra los accidentes laborales. Con el objetivo de avanzar “hacia lo que todos queremos, que nadie vaya a trabajar y encuentre la muerte”.
Quejas por falta de personal y medios
Por su parte, los sindicatos criticaron la falta de medios y de personal. En el Instituto de Riesgos Laborales quedan por cubrir aún quince plazas. “Tenemos once fallecidos y un plan de choque contundente, pero hasta que no se cubran esas plazas no se puede decir que se está cumpliendo el plan”, dijo Mario Fernández, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT. En la misma línea se expresó Damián Manzano, responsable de Acción Sindical de CC OO, quien aplaudió que se haya incrementado la labor inspectora, pero “seguimos en un déficit gravísimo de recursos. Necesitamos medidas urgentes”.
También desde la patronal salieron de la reunión con impresiones encontradas. “Se han hecho muchas visitas a las empresas, pero hay una parte como la cobertura de las vacantes o la realización de un estudio para conocer los patrones de los accidentes que van mucho más despacio y que deberían acelerarse”, demandó Leticia Bilbao, directora de Desarrollo Empresarial de FADE.
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