Las grandes eléctricas propietarias de las centrales nucleares, Endesa e Iberdrola, han emprendido una batalla legal para conseguir compensaciones millonarias del Estado por la subida de la tasa que pagan por sus residuos nucleares. Por diferentes vías legales, ambas compañías solicitan compensaciones por un total de 778 millones de euros.
Endesa ha presentado ahora una reclamación patrimonial contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en la que solicita 454 millones de euros por daños y perjuicios por el incremento de la tasa que financia la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares, la denominada ‘tasa Enresa’, según confirmaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la reclamación. El pasado febrero, Iberdrola ya interpuso una demanda por la vía contencioso-administrativa contra Enresa reclamando 324 millones de euros por la subida de esta tasa.
El Gobierno decidió hace un año aprobar una subida del 30% en la tasa que abonan las centrales nucleares con el fin de ajustarla a todos los costes previstos en el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). Fuentes del gabinete dirigido por Sara Aagesen confirman que el Ministerio «ha recibido una reclamación patrimonial de Endesa y su defensa ya está en manos de la Abogacía del Estado». Según adelanta este martes ‘El País’, la presentación de esta reclamación por la energética dirigida por José Bogas desembocará en un informe del Consejo de Estado. Si se rechaza, como ocurre en la mayoría de los casos, la eléctrica podría abrir la vía judicial, como pasa también habitualmente con estos pleitos.
La ‘tasa Enresa’, que en realidad es una prestación patrimonial no tributaria a través de la que las empresas propietarias hacen aportaciones a un fondo con el que se abonará la gestión de los residuos y el desmontaje de las nucleares, se situó con la revisión del año pasado en los 10,36 euros por megavatio hora (MWh), un 30% por encima de los 7,98 euros/MWh que se recogía anteriormente.
De esta manera, se nutre a un fondo que es gestionado por la sociedad pública Enresa, encargada de los residuos radiactivos y de los trabajos de desmantelamiento de los reactores. Las compañías consideran que la subida es irregular porque, cuando se firmó en 2019 el protocolo de cierre para las centrales nucleares entre las empresas propietarias y Enresa, el acuerdo contemplaba un incremento máximo del 20% del valor de la tarifa respecto al que en ese momento tenía y con un límite en los 7,98 euros/MWh.
