La Generalitat de Carlos Mazón sólo fue capaz de ejecutar 292 de los 700 millones a los que el Gobierno central le autorizó a endeudarse durante el último tramo de 2024 para hacer frente a los gastos derivados de la dana del 29 de octubre. Supone un 43 % del crédito total disponible.
Los datos, que los aporta la Conselleria de Hacienda de Ruth Merino ante una pregunta parlamentaria del PSPV, desmienten al propio Ejecutivo valenciano, que en su día cifró en 400 millones los fondos que había logrado ejecutar a tiempo, lo que calificó como un «éxito de gestión» dado el corto plazo para certificar esas operaciones. En realidad fueron 108 millones menos, según las cifras oficiales.
Fue el vicepresidente segundo y conseller para la recuperación económica y social, Francisco José Gan Pampols, quien desveló en un acto oficial celebrado en el Palau el 21 de marzo que la Generalitat sólo había sido capaz de gastar 400 de los 700 millones puestos a su disposición para la reconstrucción, siempre a través de deuda que deberá pagar el propio gobierno valenciano pero que no computará a efectos de regla de gasto ni déficit.
Los socialistas, tras la información publicada por Levante-EMV sobre esos modestos datos de ejecución, reclamaron a la conselleria de Merino esa relación de gastos extraordinarios a través de una solicitud de documentación registrada el pasado 10 de abril.
En la respuesta, remitida este miércoles 2 de julio y a la que ha tenido acceso este diario, Hacienda reconoce que dejó incluso más dinero sin gastar: sólo aprovechó 292 y no 400 millones, como dijo Gan Pampols. Tanto Hacienda como Presidencia, a consultas de este periódico, dieron veracidad en los días posteriores a esa cifra ofrecida por el vicepresidente segundo.
Un colegio de Benetússer tras el paso de la dana. / .
La ejecución por conselleries
El listado desagrega por conselleries y áreas concretas cómo se repartieron esos 292 millones. La mayor parte, 107 millones de euros, fueron ejecutados por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre), seguida de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo (68 millones, más de 7 a través del Ivace) y de la Conselleria de Educación, con más de 43 millones (la gran parte desde Labora).
Ferrocarrils de la Generalitat, que sufrió con crudeza el impacto del agua, gastó 12,5 millones imputables a ese crédito del Gobierno para reponer material y acometer inversiones. Estos cuatro ejes suman ya 230 millones. El resto, 62 millones, es todo lo que certificó el resto del Consell en 2024.
PSPV: «El ‘Consell de los mejores’ pierde 408 millones»
Desde el PSPV lamentan que «el Consell de los mejores ha resultado ser el Consell de los más incompetentes», según señala a este diario Toni Gaspar. El diputado y portavoz de Hacienda en las Corts destaca los «más de 16.000 millones movilizados para la dana por el Gobierno central», que recuerda que «ha puesto a disposición de la Generalitat más recursos que nunca para que ésta actúe en el marco de sus competencias. Sin embargo –lamenta el socialista– nos hemos encontrado con que son absolutamente incapaces de gestionar, ya sea por desidia o por pura incompetencia«.
Para Gaspar, esos 408 millones no ejecutados en plazo es «dinero perdido». En concreto, «casi el 60% de los recursos que tenían disponibles en 2024 para ayudar a los cientos de miles de afectados, empresas, autónomos o trabajadores se han perdido, mientras los ascensores siguen sin funcionar, cientos de familias siguen desplazadas sin que se hayan habilitado las soluciones habitacionales prometidas y los servicios sociales en la zona se encuentran saturados y acumulando retrasos». Y concluye: «Mazón fió su futuro político a la reconstrucción y la realidad es que ha fracasado estrepitosamente».
«No se pierde» el dinero no gastado
El gobierno de Mazón, por contra, insistió en marzo en que el dinero disponible para 2024 y no gastado –hablaban de 300 millones pero ahora se sabe que fueron 408– «no se pierde» porque «no ha habido un desembolso de recursos a fondo perdido por la negativa del Gobierno, sino que se trata de una deuda autorizada no dispuesta en una parte». Y aseguraban que, en todo caso, «se van a poder financiar con deuda dana todas las necesidades» derivadas de la emergencia.
Asimismo, la Generalitat puso el foco en los tiempos, denunciando que el Ministerio de Hacienda «comunicó el 15 de diciembre que las autorizaciones de deuda sólo se realizarían sobre certificación de obra». Es decir, criticaban que el Estado no les permitese echar mano de ese crédito si el gasto no estaba ejecutado en esos 15 días que quedaban de ejercicio.
Unos plazos que tampoco se ajustan a la realidad, ya que el ministerio de María Jesús Montero permitía remitir las certificaciones de gasto hasta el 15 de marzo, por lo que el plazo que tuvo la Generalitat fue de tres meses y no de 15 días, como alegaba Hacienda.
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