Antes de detallar las nuevas medidas de control interno en el partido para evitar casos similares al de Santos Cerdán, el exsecretario de Organización ahora en la cárcel por cobrar presuntamente mordidas a cambio de obras públicas, Pedro Sánchez se ha detenido este sábado en la regulación que ya estaba en vigor cuando tuvo lugar el escándalo: del código ético del partido a la derogación de los límites de tiempo en las macrocausas por corrupción. “Pero es evidente que no ha sido suficiente, porque ha habido algunas personas que han conseguido esquivar todas las cautelas y burlar los controles”, ha señalado el líder socialista y presidente del Gobierno, en referencia a Cerdán, a quien no ha citado en ningún momento.
“Y por eso os comunico que en este comité vamos a ir mucho más allá, mucho más lejos, como me comprometí el pasado 16 de junio, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal. Y os propondré, para vuestra aprobación, implementar 13 medidas adicionales para prevenir, para combatir y también para castigar la corrupción que pudiese celebrarse o darse en nuestra organización”, ha anunciado ante el Comité Federal Sánchez, que ha estructurado las iniciativas en tres ejes. A continuación, las más importantes.
El primer grupo de medidas tiene que ver con la necesidad de rebajar la concentración de competencias en una sola persona. De ahí que ahora la nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró, vaya a contar con dos adjuntos en este área, un grupo de colaboradores que en principio iba a estar compuesto como tercer integrante por Paco Salazar, pero el dirigente socialista, en una nueva muestra del mal momento por el que pasa el partido, ha renunciado este sábado a todos sus cargos tras ser acusado de acoso sexual.
“Debemos reforzar el equilibrio de poderes dentro del partido. Para ello, creo que deberíamos establecer, si así lo veis conveniente, la existencia de cargos más colegiados en nuestra organización e implantar la exigencia de doble firma para los secretarios y secretarias de organización y puestos clave de estructura orgánica. Así evitaremos una excesiva concentración de poder e impulsaremos los mecanismos de control cruzado”, ha dicho Sánchez en su discurso, en el que también ha anunciado que se regularán “los plazos máximos de resolución de expedientes informativos y disciplinarios en supuestos casos de corrupción”, ya que “en la agilidad de estos procesos está a menudo la diferencia entre el éxito y el fracaso”.
El segundo eje de actuación propuesto para su aprobación en el comité federal tiene que ver con la transparencia. Sánchez ha propuesto extender la obligación de presentar una declaración de bienes y actividades ante las comisiones de ética y garantías autonómicas. Estos últimos órganos serán los encargados de remitir dicha información al federal para fiscalizar la situación patrimonial de los dirigentes. Para reforzar estos controles se podrán realizar inspecciones aleatorias para actualizar esta información, además de cuando haya indicios suficientes de alguna supuesta actividad ilícita.
Otra de las medidas incluidas en este eje pasa por actualizar el portal de transparencia del partido con el compromiso de incluir, antes de finalizar el año, la información económica y presupuestaria de la organización, la actualización de los convenios, las subvenciones y las ayudas y las retribuciones anuales de todos los cargos del partido, en línea con las recomendaciones de los últimos informes del Consejo de Transparencia, de Buen Gobierno y del Tribunal de Cuentas.
El líder socialista también ha pedido reforzar la Comisión de Ética y Garantías para que a partir de ahora reciba copia de todos los escritos remitidos en el canal de denuncias. Asimismo, tendrá capacidad para poder actuar de oficio, si considera que un asunto es de su competencia y presenta indicios suficientes. Para facilitar su trabajo, habrá un canal ánimo y seguro para “la protección económica y psicológica de los denunciantes, cuando sea preciso, y para que todos los cargos públicos y orgánicos tengan la obligación explícita de denunciar cualquier irregularidad cometida en el seno del Partido Socialista, salvo cuando decida acudir directamente a la vía judicial o a un mecanismo público de protección de informantes”, ha dicho el jefe del Ejecutivo.
Como última medida dentro de este bloque, se plantea reforzar la autonomía del sistema de cumplimiento normativo, haciéndolo depender directamente de la Comisión Ejecutiva Federal, aumentando su número de miembros y dotándolo de recursos propios. La intención es que se le puedan encargar auditorías, análisis externos y capacidad para requerir la colaboración del partido de forma discreta.
Sánchez, por último, ha propuesto la elaboración de un protocolo antifraude y anticorrupción, inspirándose en una medida que tiene incorporada el PSC. Esta nueva herramienta integrará la normativa interna e incorporará nuevas formas de control, “como los informes de cumplimiento de las obligaciones tributarias”.
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