«Buenos días jefe. Creo que lo mejor es que me sientes con el navarro y que yo hable con él directamente además de que lo veas hoy. Y ya está bien de tener heridos inocentes de todo, pues no es conveniente para la ganadería». El administrador de Ingeniería y Construcción Levantina, José Ruz, mandó este mensaje al que fuera asesor del ex ministro José Luis Ábalos el 13 de marzo de 2022. Este viernes ha reconocido ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que el ‘navarro’ al que citaba en dicho mensaje era el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y que la «ganadería», término con el que se solían referir a los partidos políticos, era en esta ocasión el PSOE.
La declaración de este empresario ha inaugurado la ronda de interrogatorios que implica a cinco responsables de lo que el propio juez denomina «empresas indiciariamente corruptoras», que son las que según la investigación habrían pagado comisiones ilícitas a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Medidas cautelares
Además de Ruz, han declarado y los hermanos Daniel y Antonio ‘Toño’ Fernández, responsables de Obras Públicas y Regadíos, dos de las firmas que se habrían beneficiado de estos amaños en los que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tuvo presuntamente un papel «preeminente», según apunta el propio juez en sus autos. Todos ellos han negado los pagos a la trama, y tras su comparecencia la fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se les impongan comparecencias quincenales ante la justicia y, en el caso del dueño de Levantina, también la retirada del pasaporte.
Las grabaciones conservadas por Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos y descubiertas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su vivienda de Alicante, revelan su cercanía con estos empresarios y las maniobras para la obtención de ventajas en la adjudicación de contratos desde antes del inicio de la legislatura de Pedro Sánchez. El juez Puente busca identificar «el importe global de las cantidades indebidamente satisfechas» por la trama a este grupo de empresarios «corruptores». De ahí que investiguen en las 19 cuentas con las que se les ha relacionado, abiertas en doce entidades, cuya sede central está en el extranjero.
Con respecto a Ruz, Un ejemplo destacado por los investigadores es la plena disposición mostrada por el constructor ante cualquier necesidad que le trasladase el ‘hombre para todo’ del entonces ministro ya en junio de 2019: «Pues entonces a muerte. En lo que te pueda ayudar considérame a tu lao [sic]». Se investiga también si este empresario habría pagado un fijo mensual al hombre para todo de Ábalos a cambio de disfrutar de un trato favorable en las adjudicaciones previstas en Transportes.
Contactos en Transportes
Anticorrupción considera acreditado en sus informes que «Koldo habría intercedido por José Ruz ante Isabel Pardo de Vera (expresidenta de Adif), Javier Herrero (ex director general de Carreteras) y también ante el propio Ábalos». Entre las obras sospechosas vinculadas con su constructora cita la duplicación de la Nacional IV entre Dos Hermanas y Los Palacios, además de la estación del AVE en Elche, trabajos de emergencia en Asturias, conservación de carreteras en Teruel y la Autovía A-12 Camino de Santiago.
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo. / Jesús Hellín
La investigación también se dirige contra Daniel Fernández en su condición de administrador mancomunado de la entidad mercantil Obras Públicas y Regadíos (OPR) y su hermano ‘Toño’, que fue asesor en la Delegación del Gobierno de Andalucía y que figura como apoderado de la firma.
Se les relaciona con tres expedientes de obra sospechosos: La adaptación de la calzada de la Autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina (Asturias) en la carretera N-322 de Córdoba a Valencia (tramo: Úbeda-TorreperogiI) y el tratamiento de puentes y túneles en el tramo Monforte-Lugo adjudicado por Adif en Galicia. También se investiga si la exmujer de Koldo, Patricia Uriz, obtuvo un puesto en Anfersa, vinculada a la mercantil de los Fernández, y cobró sin realizar prestación laboral alguna.
Mientras tanto el Tribunal Supremo ha aceptado una acusación más en el procedimiento: Catalunya en Comú ejercerá la acción popular, como ya hacen Vox, PP, UPN e Iustitia Europa, junto con varias organizacones como Hazte Oír o Liberum. Además, la Sala de lo Penal del alto tribunal ha dado traslado a las partes por cinco días para que se pronuncien sobre los argumentos con los que Santos Cerdán pide ser excarcelado.
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