El veto al endeudamiento torpedea la política regional de vivienda

La Administración autonómica -el Gobierno de Canarias, sus consejerías y todo su entramado de entidades dependientes o adscritas- tiene margen de sobra para endeudarse, es decir, para recurrir a los mercados y pedir dinero con el que costear, por ejemplo, la promoción de viviendas. No obstante, las reglas fiscales suponen un corsé que restringe la capacidad de las comunidades a la hora de financiarse. Y el problema es que este corsé, esta limitación, lo sufren por igual las autonomías que tienen su deuda bajo control, como las Islas, y aquellas que están hiperendeudadas, como Cataluña o la Comunidad Valenciana. De ello se lamentó ayer, durante una comisión parlamentaria, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, que ha de observar cómo Visocan -empresa pública que tiene la misión de promover inmuebles de protección oficial- tiene músculo de sobra para ir a los mercados, obtener financiación y sacar así adelante un mayor número de viviendas y, sin embargo, se ve impedida para ello por las reglas fiscales. Un problema que se agrava cuando es precisamente la falta de pisos y casas uno de los principales problemas -si no el principal- que sufren los canarios.

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