El gigante tecnológico estadounidense Meta ha recurrido ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) la multa de 200 millones de euros que le impuso en abril la Comisión de Ursula von der Leyen por vulnerar la Ley de Mercados Digitales, cuyo objetivo es poner coto al poder monopolístico de las grandes plataformas.
La sanción de Bruselas, a propuesta de la vicepresidenta primera y responsable de Competencia, Teresa Ribera, se refiere al modelo publicitario de ‘consentimiento o pago’, que Meta introdujo para los usuarios de la UE entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024.
Bajo este modelo, los usuarios de Facebook e Instagram de la UE podían elegir entre consentir la combinación de datos personales para publicidad personalizada o pagar una suscripción mensual por un servicio sin publicidad.
El Ejecutivo comunitario concluyó que este modelo no es conforme con la Ley de Mercados Digitales, ya que no ofrecía a los usuarios la opción de optar por un servicio que utiliza menos datos personales pero que, por lo demás, es equivalente al servicio de «anuncios personalizados».
El modelo de Meta tampoco permitía a los usuarios ejercer su derecho a consentir libremente la combinación de sus datos personales, según Bruselas.
En su recurso ante el TGUE, la empresa de Mark Zuckerberg alega que la sanción de Bruselas en realidad «socava los objetivos de la Ley de Mercados Digitales».
Meta sostiene que la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo ya reconoce que una empresa dominante puede ofrecer a los usuarios la opción entre un servicio por suscripción sin anuncios y uno gratuito con anuncios personalizados para obtener un consentimiento válido según la Ley de Mercados Digitales.
Por otro lado, el gigante estadounidense denuncia que la Comisión no ha considerado la realidad comercial y económica y no tienen en cuenta que la empresa merece una «compensación justa» por los servicios «valiosos e innovadores» que ofrece.
La imposición de un servicio gratuito con anuncios reducidos genera peores resultados para usuarios y anunciantes, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, sostiene Meta.
Finalmente, la empresa denuncia la falta de un diálogo constructivo con Bruselas, a la que acusa de cambiar continuamente sus requisitos y de no aceptar sus propuestas.
La duración media de los procedimientos ante el TGUE es de 18,5 meses.
