El Defensor del Pueblo comunicó hoy al Partido Animalista Pacma que ha interpuesto un recurso contra la “desprotección” del lobo ibérico ante el Tribunal Constitucional, al considerar “acertados” los argumentos que presentó la formación política en su solicitud, ya que alegaron que el Congreso de los Diputados «carecía de competencia, facultad o atribución alguna para excluir a una especie del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial».
Además, señalaron en su momento que la inclusión, modificación o exclusión de una especie es competencia del Gobierno y, concretamente, del Ministerio para la Transición Ecológica. Así lo atestigua un comunicado difundido por Pacma, donde apuntaron que ahora el Defensor traslada que la “formación política lleva razón”, dado que la exclusión del Lobo del Lespre “no constituye un ejercicio normal de la potestad legislativa, sino una actividad, material y típicamente ejecutiva”.
Injerencia del Congreso
En ese sentido, el Partido Animalista destacó que recurrir la “injerencia del Congreso, no es importante solo para este caso, con relación a la protección del lobo, sino para que, en el futuro, no vuelva a suceder que el Congreso ejerza una potestad que no le corresponde”. “Le falta juzgar también, en este caso, para hacerse un completo”, denunciaron, en referencia a la “separación de poderes”, añadieron.
Además, aseguraron que el Defensor también les da la razón en que la desprotección del lobo “incumple” el artículo 45 de la Constitución de “cohonestar la actividad económica con la protección del medio ambiente, ponderando todos los valores constitucionales protegibles”. Sin embargo, respecto a la desprotección del lobo, por un lado, ”se ha privado a la ciudadanía de poder participar en la toma de estas decisiones» y, por otro, «se ha antepuesto la ganadería a la protección del medio ambiente”, aseveraron.
Desde el Partido Animalista afirmaron estar «esperanzados» ante la interposición de este recurso, aunque lamentaron que el Gobierno “no actuara antes para evitar la caza de lobos que se está llevando a cabo por varias comunidades autónomas desde el pasado mes de marzo”. “El Gobierno debería haber interpuesto un conflicto de competencias y habría paralizado así este atentado contra el lobo”, concluyeron.
