Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama, ha realizado una detallada cronología y análisis sobre la evolución del caso que envuelve a Santos Cerdán y otros implicados, revelando aspectos fundamentales de la investigación y apuntando a la profunda implicación de altos cargos del Gobierno. En una entrevista para el programa El Cascabel, Bermejo expuso datos y reflexiones que permiten entender mejor la complejidad del caso, desde sus inicios hasta la actualidad, incluyendo la posible implicación de destacados miembros del Partido Socialista.
La cronología del caso y la colaboración con la Justicia
Bermejo recordó que todo comenzó en noviembre del año pasado, cuando Santos Cerdán fue señalado en la Audiencia Nacional en relación con el cobro de comisiones ilegales. Según explicó, durante esa declaración se evidenció que Cerdán había recibido estipendios por comisiones, incluyendo la entrega de un sobre frente a una sede, un hecho presenciado por Koldo, quien también está siendo investigado. “La narrativa que hemos patrocinado ha resultado exacta y clarificadora para abrir nuevas vías de investigación”, afirmó el portavoz.
Víctor de Aldama tras testificar ante el juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo
Asimismo, Bermejo destacó la paradoja que representa la situación actual, pues en su momento se desestimó la credibilidad de las declaraciones de Aldama por provenir de alguien que había estado en la cárcel. Sin embargo, ahora la Justicia está validando esas afirmaciones y avanzando en la investigación. “Es una mentira compulsiva del aparato del Ejecutivo que parece encaminada hacia un abismo”, señaló, apuntando a la gravedad del caso.
En cuanto a Víctor de Aldama, Bermejo subrayó su evolución dentro del proceso judicial: “Él hizo una valoración concreta de Santos Cerdán y decidió colaborar plenamente con la Justicia desde el primer momento que pudo declarar.” A diferencia de Cerdán, que niega los hechos y se declara víctima de una conspiración política, Aldama optó por la colaboración activa y facilitó información clave para avanzar en el proceso.
Implicaciones políticas y el papel del gobierno en la investigación
Uno de los aspectos más relevantes de la entrevista fue la mención a la posible implicación de altos cargos políticos, incluyendo ministros y dirigentes regionales, en este entramado de corrupción. Bermejo afirmó tener constancia de que desde junio del año pasado, el Partido Socialista y sus dirigentes ya estaban al tanto de las irregularidades, mucho antes de que las investigaciones se hicieran públicas.

Santos Cerdán y Ábalos
La figura de Koldo es especialmente significativa en este contexto, ya que la Guardia Civil y la UCO lo tienen bajo investigación. Según Bermejo, incluso Pedro Sánchez mantuvo contacto con José Luis Ábalos en un momento en que este había sido destituido pero mantenido en el Parlamento. Además, Ábalos confirmó que la Fiscalía General del Estado facilitó información clave a los investigadores, lo que evidencia la profundidad de la trama.
Bermejo también desveló que la Fiscalía Europea está interesada en investigar la gestión de la compra de mascarillas durante la pandemia, que ha quedado en segundo plano pero que podría destapar aún más irregularidades. Entre los implicados estarían figuras como Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, y la actual presidenta del Congreso de Extremadura, entre otros ministros y cargos relevantes. “Son al menos ocho personalidades que podrían haber estado involucradas en negligencias graves relacionadas con la compra de mascarillas y otros contratos públicos,” indicó el portavoz.
La investigación también ha avanzado en el uso de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, para analizar las grabaciones que implican a Santos Cerdán. A pesar de sus negaciones sobre la autenticidad de las grabaciones, los expertos han confirmado que las voces no han sido manipuladas, lo que ha reforzado la validez de las pruebas presentadas ante el juez.
Bermejo destacó además que la investigación continuará con un exhaustivo análisis del inventario patrimonial de los implicados, con el objetivo de rastrear el dinero involucrado en estas operaciones ilegales. La imposibilidad inicial de realizar registros inmediatos por la condición de aforado de algunos investigados ralentizó el proceso, pero ahora la Justicia avanza con contundencia para esclarecer el caso.