El Gobierno maniobra para impulsar una expansión masiva de instalaciones de almacenamiento de electricidad como refuerzo del nuevo ‘escudo antiapagones’ y para bajar el precio de la luz. El retraso en el despliegue de grandes baterías es una de las cuentas pendientes del sistema eléctrico español para avanzar en su transformación verde. El almacenamiento resulta crucial para guardar la electricidad producida por las plantas renovables y poder utilizarla cuando hace falta y no solo en los momentos en que hay sol o viento, dando más estabilidad al sistema y pudiendo trasladar los bajos precios de las renovables fuera de las horas centrales del día en que ahora se concentran.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, ha incluido en el ‘macrodecreto’ de medidas tras el gran apagón varias reformas legales para allanar al máximo la puesta en marcha de instalaciones de almacenamiento (singularmente de grandes baterías) y así desatascar la avalancha de proyectos que han pedido poder engancharse a la red eléctrica y que aún están en diferentes fases -algunas aún incipientes- de su tramitación administrativa. Instalaciones que pueden funcionar tanto como parte de plantas renovables para guardar la electricidad que producen (almacenamiento hibridado) o como de manera aislada conectándose directamente a la red para captar energía e inyectarla cuando sea necesario (almacenamiento stand alone).
El Gobierno ha aprobado la declaración de utilidad pública a las instalaciones de almacenamiento eléctrico y de sus infraestructuras de conexión a la red de transporte o a las de distribución, lo que facilita al máximo las expropiaciones forzosas de terrenos en caso de ser necesario. Para facilitar la expansión de las grandes baterías hibridadas con plantas de renovables ya existentes, el Ejecutivo ha reducido a la mitad los plazos para recibir las autorizaciones necesarias y exime del trámite de evaluación de impacto ambiental si esta ya se ha realizado para el parque solar o eólico al que se une el almacenamiento.
Del mismo modo, y entre otras medidas técnicas y de redefiniciones legales para eliminar algunas barreras en el desarrollo del almacenamiento, el Ministerio para la Transición Ecológica también da prioridad de despacho para las plantas renovables que pasan a estar hibridadas para facilitar la inyección de su electricidad.
“Son nuevas medidas innovadoras importantes para agilizar la tramitación y reducir también los cuellos de botella en torno a la flexibilidad y el almacenamiento. Un despliegue ágil del almacenamiento que lo que hace es primar la hibridación, es decir, que las baterías se instalen en aquellos espacios donde existen parques renovables, son espacios conocidos, antropizados donde, entendemos, que extendemos las ventajas de las renovables a otros periodos horarios distintos minimizando la afección ambiental”, explicó la vicepresidenta Aagesen hace unos días. Medidas que se suman al paquete de ayudas dotado con 700 millones de euros lanzado ya por el Ejecutivo para subvencionar el desarrollo de instalaciones de almacenamiento.
Objetivos 2030
“La participación del almacenamiento en el sistema eléctrico resulta crítica para lograr los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de refuerzo de la seguridad energética, penetración de energías renovables y descarbonización de la economía”, apuntan desde el Gobierno. El PNIEC actual, la hoja de ruta gubernamental hacia la transición energética hasta 2030, establece como objetivo alcanzar una capacidad de almacenamiento total de 22.500 megavatios (MW) para final de la década.
De esa capacidad total de almacenamiento unos 10.000 MW corresponderían a centrales hidroeléctricas de bombeo (las que reaprovechan el mismo agua con un circuito cerrado para producir electricidad casi a voluntad) y plantas termosolares. Actualmente, hay operativos algo más de 5.300 MW de hidroeléctricas de bombeo (más otros 4.000 MW en tramitación, alguno en fases muy primigenias) y unos 2.300 MW de termosolar.
El plan verde del Gobierno contempla también alcanzar los 12.500 MW de grandes baterías en apenas cinco años y es aquí donde el retraso en el despliegue es absoluto, porque su presencia en el sistema eléctrico español es testimonial, con apenas algunas pequeñas plantas (unos 11 MW, según los datos de Red Eléctrica de España). Pero también se acumula un aluvión de proyectos en tramitación que son los que el Ejecutivo quiere desatascar con sus últimas medidas.
Los registros de Red Eléctrica apuntan a una avalancha de proyectos con más de 26.000 MW de potencia conjunta, más del doble que el objetivo marcado en el PNIEC. No obstante, solo unos 9.500 MW cuentan ya con permiso para conectarse a la red de transporte o a las de distribución, y de ellos aproximadamente la mitad se encuentran en fase de tramitación administrativa relativamente avanzada. Los 18.500 MW restantes se trata de proyectos de baterías que actualmente ni siquiera cuentan con derecho de acceso a las redes.
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