Nuevo traspiés de la nueva Ley Canaria de Ciencia. En esta ocasión, ha sido el Consejo Económico y Social (CES) quien ha pedido al Gobierno de Canarias eliminar del anteproyecto de ley el apartado referente al impulso de la Inteligencia Artificial (IA), que durante el texto se llega a proponer como futuro «hub internacional de investigación». En su defecto, el CES invita a incluir en el texto otros sectores que sí han demostrado tener potencial para la generación de economía en Canarias, como son la astrofísica, la economía azul vinculada al océano, la implantación de energías renovables, la preservación de la biodiversidad, la industria del ciclo del agua o, incluso, la gestión de residuos.
El CES es contundente en su dictamen 1/2025 –publicado el pasado mes de febrero–: «la IA es una herramienta, no una ciencia». E insiste en que es «de uso general» con potencial para aplicar en todos los sectores. Razón por la cual «debería regularse una norma distinta». La IA no solo aparece mencionada en el citado apartado que el CES pide eliminar, también aparece citada en varios apartados, incluyendo aquellos que hacen referencia a la reducción de la burocracia en la ciencia o su aplicación en todo el sector público.
Asimismo la ley declara de interés general y prioritario todas aquellas iniciativas de inversión dirigidas a ofrecer soluciones con IA y regula la contratación pública de estos sistemas. En total, la inteligencia artificial aparece mencionada en el texto hasta 61 veces. Por contra, la ley no menciona de manera específica a la astrofísica, la oceanografía, las energías renovables ni el resto de sectores que apunta el CES en su dictamen.
Más instrumentos
En su dictamen, el CES considera necesario crear herramientas para poder alcanzar los objetivos que se impone la propia ley. En este sentido, por ejemplo, insiste en la necesidad de poner negro sobre blanco instrumentos «que favorezcan sistemas de desarrollo profesional para el personal investigador junto con la mejora de sus condiciones jurídico laborales». A su juicio, esto debería ser «prioridades a establecer» en el marco del futuro Plan Canario de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), pues «dichos elementos redundarán en la atracción y retención del talento científico«.
En este sentido, el CES echa en falta que se hable de instrumentos de fomento y apoyo específico a la investigación en las islas no capitalinas; así como una línea de ayudas específicas –y no solo programas– que permitan cristalizar la apuesta implícita por la colaboración público-privada.
En este sentido, el Consejo tira de las orejas al Ejecutivo por no incluir en su texto a los centros de FP como «agente de ejecución» del sistema científico. Esta figura, que reconoce a aquellas instituciones que realizan I+D+i, incluye a las universidades, los centros de investigación e institutos, a las empresas y asociaciones, a organismos públicos de investigación estatales y autonómicos, parques científicos, institutos tecnológicos, fundaciones y centros sanitarios y hospitales.
Por último, el CES resalta la necesidad de que las organizaciones sindicales y empersariales más representativas de Canarias tengan mayor participación institucional en los órganos de gestión del sistema científico y, en concreto, en el Comité Canario de Ética de la Investigación.
Aspectos favorables
No obstante, el CES, en general, valora «muy positivamente» el contenido del Anteproyecto de ley, ya que, a su juicio, el proyecto normativo «regula e impulsa de manera decidida la realización de un conjunto de actividades en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación que constituyen un factor decisivo en la configuración de un sistema económico más eficiente, diversificado y competitivo».
Entre sus recomendaciones, de hecho, se muestra favorable a algunos apartados de la normativa. Por ejemplo, afirma que los programas específicos de apoyo a las oficinas de transferencia son «muy favorables» para fomentar la transferencia del conocimiento. No obstante, en este apartado también insiste en la necesidad de contemplar de forma explícita a la Red CIDE como agente de este sistema de transferencia.
También resalta la importancia de la reducción de cargas administrativas en el ámbito de actividades de I+D+i, una de las puntas de lanza de esta ley.
Críticas
A pesar del importante paso que supone actualizar esta normativa –dado que la actual data de 2001– desde que se presentó, la nueva Ley Canaria de la Ciencia no ha estado exenta de críticas. En su informe previo a la entrada de la ley en el Parlamento, el Consejo Consultivo dudó de la seguridad jurídica de la nueva Ley Canaria de la Ciencia y le afeó haber completado a medias los trámites de transparencia. En este sentido, ambas universidades han denunciado no haber podido hacer aportaciones a la ley antes de que entrara en el parlamento, ya que tan solo dispusieron del texto una vez se aprobó en Consejo de Gobierno y no antes.
Los rectores comparecerán este jueves en el Parlamento de Canarias para mostrar su descontento ante algunos aspectos específicos de la norma.
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