Una catástrofe pero dos reconstrucciones para repararla y prevenirla. Y en medio, un ruidoso diálogo de sordos. Esa es, desde hace meses, la tónica que marca las relaciones públicas entre Consell valenciano y Gobierno, una fractura que se ha vuelto a evidenciar este lunes.
“Falta de concreción”. “Escepticismo”. Son algunas de las expresiones que surgían desde filas socialistas, ocho meses y un día después de la dana del 29 de octubre, tras la presentación del “Plan Endavant” de la Generalitat para la reconstrucción de la provincia de Valencia y su preparación ante nuevos eventos catastróficos.
Este no es un plan de la Generalitat, es un plan de todos, vino a decir el president Mazón, ante la sociedad civil allí congregada, en el Saló de Corts del Palau. Pero lo cierto es que no todos estaban. No estuvieron representantes del Gobierno central (la delegada Pilar Bernabé se ausentó, y delegó en José María Ángel, comisionado para la reconstrucción); ni los representantes socialistas (hubo ausencia de alcaldes, a los que no se ha consultado, aseguran, sobre una inversiones que ellos también deben acometer); ni tampoco estuvieron las asociaciones de víctimas, que no fueron invitadas. “Ha sido un power point muy caro”, ironizaba un asistente sobre este plan, para el que el vicepresidente Gan Pampols ha echado mano de una gran consultora de elevados honorarios.
Ocho meses después de la tragedia, la fractura política entre las dos grandes administraciones se observa no solo en los gestos sino en la sustancia de las medidas: en realidad, son dos planes en paralelo para una misma reconstrucción. Hay coordinación en los niveles técnicos, pero absoluta falta de diálogo en la cúpula política.
Un plan atado a los fondos estatales
La Generalitat, de alguna manera, reconocía en la presentación que para llevar adelante el “Endavant” necesitará de un Gobierno con el que no se habla: 21 de las 339 actuaciones propuestas tocan competencias estatales (33 son compartidas); y 12.600 de los 29.000 millones del presupuesto total corresponderían al estado. El 43 %. El propio Gan destacó en su presentación que el Estado tiene 33 de estas medidas, pero son de gran carga económica. Además, el Consell, que ya pidió sin éxito una comisión mixta para planificar proyectos, eleva ahora la reclamación: Mazón quiere una “empresa mixta” para ejecutar las inversiones.
El plan estatal, en consulta pública
“Casi todo lo que identifican como necesario ya está en marcha”, señalaban este lunes desde el Ministerio de Transición Ecológica. Se refieren a la reconstrucción de infraestructuras y equipamientos, a la modernización del SAIH, a los proyectos para la resiliencia o a la adaptación de la legislación de riesgo de inundación. Cabe recordar que ahora mismo está en exposición pública un plan estatal de 530 millones que incluye obras hidráulicas contra inundaciones, con el desvío de barrancos, zonas de laminación o creación de zonas inundables en l’Horta Sud, el Magro o el Júcar. El desvío de la Saleta será el primer gran proyecto, con 90 millones y el inicio de las obras previsto para 2026.
Desde el ministerio se recibe con sorpresa tanto la propuesta de esa empresa mixta como la de una Agencia Estatal del Agua con sede en la C. Valenciana, cuando además se acaba de poner en marcha el Observatorio Estatal del Ciclo del Agua, que está dando sus primeros pasos.
En este contexto, y aunque desde el Gobierno se subraya la “leal colaboración” a nivel técnico, lamentan la falta de contacto con los alcaldes o esta presentación sin abordar primer cuestiones técnicas previamente: “Todas las obras hidráulicas, que están pensadas y habladas con la Generalitat, son competencia de la Administración General del Estado y en ese foro es donde tienen que hacerse los comentarios. Hay mesas de trabajo. Ahí tienen que hacer las aportaciones porque las declaraciones de impacto ambiental las tienen que hacer ellos”, señalaban sobre el papel de la Generalitat.
Críticas del PSPV
Desde el PSPV, por su parte, criticaron: “Llevamos ocho meses esperando a que Mazón nos presente su plan de recuperación, que nos ha costado 2 millones de euros, para que ahora nos diga que tenemos que tener paciencia y que su solución mágica pasa por crear una nueva empresa pública y pedir al Gobierno de España”.
Además, el síndic José Muñoz señaló que el Consell de Mazón “ni es responsable ni está a la altura”, e indicó que “no pueden hablar por un lado de fomentar infraestructuras seguras mientras otro día aprueban un plan para que se pueda construir en zonas inundables”. “Parece una broma de mal gusto que Mazón hable de ‘revolución de la prevención’ cuando esta situación trágica que estamos viviendo es porque quien tenía que estar al frente de las emergencias estaba en el bar”, lamentó.
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