La información de los ministros de Pedro Sánchez obtenida, presuntamente, por los hackers de Arinaga se difundió en Telegram a través del canal ‘Alvise Pérez Chat’, usado por ultraderechistas afines al eurodiputado de Se Acabó la Fiesta.
El canal, que borró los datos privados horas después de divulgarlos, cuenta con más de 92.000 seguidores registrados, la mayoría con seudónimos. El grupo se dedica a difundir mensajes de apoyo a Alvise y vinculados a su actividad política.
La filtración tuvo lugar el 19 de junio y afectó a miembros del gobierno como la vicepresidenta María Jesús Montero, los ministros Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas, Diana Morant, Ana Redondo y Elma Saiz, y también exdirigentes del PP como María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá y Ana Pastor.
Hubo otra segunda difusión, que, en este caso, tuvo como víctimas al ministro Félix Bolaños, la vicepresidenta Yolanda Díaz, el presidente de la Generalitat Salvador Illa o la líder de Podemos Ione Belarra. Dieron a conocer sus DNI, móviles, direcciones de correo y domicilios.
Los agentes a cargo de la investigación barajaron desde un inicio que el listado era publicado previamente en la cuenta personal de un hacker y, desde ahí, daba el salto al chat de afines al ultra Alvise Pérez.
Este martes, la Policía Nacional detuvo a los dos hackers que presuntamente estarían detrás del robo de información personal: dos vecinos de Arinaga de 18 y 19 años. El principal arrestado, Yoel O., estudiante de Informática y que supuestamente se hacía llamar alias ‘akkaspace’, es responsable de la filtración, informa la Policía Nacional.
Este joven, valiéndose de la publicidad y trascendencia de las publicaciones, habría vendido ilícitamente el acceso a bases de datos que contenían informaciones sensibles. El segundo arrestado, un amigo, Cristian S., escondido supuestamente tras el alias ‘pakito’, se encargaría, presuntamente, de monetizar estas actividades con criptomonedas. Ambos están investigados por un presunto delito de terrorismo.
Los detenidos, que han sido trasladados a Madrid para declarar ante la Audiencia Nacional, utilizaban una estructura que incluía el cobro mediante cirptomonedas a todos aquellos que quisieran consultar su base de información de los datos de los ministros o de ciudadanos.
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