El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reabierto este lunes la herida política del fallido Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares proyectado en la localidad conquense de Villar de Cañas, y ha apuntado directamente al Partido Popular como responsable de haber impulsado, desde los gobiernos regional y nacional, un modelo que hoy califica de “despropósito” y “vergüenza”.
Durante un acto en Cabanillas del Campo (Guadalajara), García-Page ha señalado que ni él, ni su gobierno, ni la sociedad castellano-manchega han olvidado cómo se gestó aquel proyecto. “Fue el PP quien defendió a ultranza este cementerio nuclear, incluso cuando la región estaba perdiendo población, destruyendo industria y recortando derechos”, ha recordado.
El presidente regional ha situado el debate en su contexto: los años posteriores a la crisis financiera, en torno a 2010, cuando el Gobierno regional del PP, encabezado por María Dolores de Cospedal, impulsó la candidatura de Villar de Cañas para albergar el ATC, con el aval del Gobierno central de Mariano Rajoy. “Hubo un tiempo donde parecía que la política había perdido el alma por completo”, ha lamentado Page. “Se perdió población, se recortó en derechos y en industria, y paradójicamente, cuando se iban empresas, la única que se quería aquí era un cementerio nuclear”, ha criticado.
El proyecto, que nunca llegó a materializarse, fue finalmente enterrado en 2023 con la aprobación del VII Plan General de Residuos Radiactivos, que optó por almacenes temporales descentralizados en las propias centrales nucleares. Sin embargo, la polémica ha vuelto a primer plano en las últimas semanas, después de que se anunciara la presencia de María Dolores de Cospedal en una jornada sobre energía en Villar de Cañas. La expresidenta regional, que iba a clausurar el acto, canceló finalmente su asistencia tras una avalancha de críticas de la sociedad y del propio Ejecutivo autonómico.
“Hay que investigar a Enresa”
Más allá de la crítica política, García-Page ha querido ir más allá al señalar irregularidades pendientes de aclarar en torno a la empresa pública Enresa, encargada de la gestión de los residuos radiactivos. “Planteo a quien corresponda en Madrid que no hemos olvidado que están pendientes muchas cosas por aclarar de Enresa”, ha advertido.
Y ha ido un paso más allá, sugiriendo conexiones políticas y empresariales. “Quien controlaba Enresa también hablaba, y está grabado y publicado, con Villarejo”, ha deslizado, en referencia al excomisario José Manuel Villarejo y los audios que han salpicado en los últimos años a figuras del Partido Popular, incluida la propia Cospedal.
Por ello, el presidente autonómico ha asegurado que tiene la intención de seguir tirando del hilo: “Quiero que se sepa dónde iba el dinero de Enresa. A lo mejor, tirando de ese hilo, se terminan sabiendo cosas de por qué en esta región éramos los más tontos del planeta queriendo un cementerio nuclear”, ha sentenciado.
Una herida que sigue abierta
La reflexión de García-Page supone un nuevo capítulo en una historia que Castilla-La Mancha no ha terminado de cerrar. Aunque el ATC ha sido descartado oficialmente, su impacto simbólico, económico y político sigue muy presente. En total, el proyecto supuso más de 90 millones de euros en inversiones y contratos adjudicados sin que llegara a construirse una sola instalación.
Lo que iba a ser un símbolo de desarrollo se ha convertido, más de una década después, en una referencia de mala gestión, opacidad y desprecio institucional al territorio. Para el Gobierno de Castilla-La Mancha, la sociedad merece respuestas no solo técnicas, sino también políticas y judiciales. Y, como ha dejado claro el presidente regional, no tiene intención de dejar pasar la oportunidad de exigirlas
