La depresión es una enfermedad mental caracterizada por una tristeza persistente y una pérdida de interés en actividades que normalmente se disfrutan, además de la incapacidad para llevar a cabo actividades cotidianas. La depresión puede afectar el estado de ánimo, el comportamiento y el pensamiento, y puede tener un impacto significativo en la vida familiar, laboral y social.
En España, más de dos millones de personas sufren depresión, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Es por eso que existen casos en los que la Seguridad Social concede pensiones de incapacidad permanente a personas con depresión.
Para acceder a la pensión, el paciente debe someterse a una evaluación por parte del tribunal médico, que examinará su salud mental. Este proceso se iniciará cuando se considere que su condición es «crónica y recurrente» y «se han agotado las opciones de tratamiento» para aliviarla; sin embargo, el bufete aclara que también se pueden obtener resoluciones favorables en situaciones de trastornos ansiosos o depresivos.
Es necesario cumplir con ciertas condiciones específicas: la depresión debe limitar la capacidad laboral del paciente, ya sea obligándolo a asumir un rol diferente o incapacitando completamente a la persona para cualquier tipo de trabajo.
De este modo, dependiendo de cada caso, es posible recibir una pensión por incapacidad permanente que alcance hasta el 100% de la base reguladora. Esto ocurre cuando se otorga la incapacidad en un grado absoluto, asegurando así ese porcentaje, que supera el 55% que se suele conceder en el grado total.
El bufete señala que también se pueden otorgar pensiones de incapacidad permanente en grado total para trabajos que impliquen riesgos para otras personas. Es el caso de profesionales armados (como los policías), conductores de transporte público o aquellos en empleos que exigen un alto nivel mental y están sujetos a significativos niveles de estrés.
Asimismo, podrán concederse incapacidades permanentes en grado absoluto, pero para ello los trabajadores tendrán que demostrar que “la patología es crónica y recurrente” y que no hay “posibilidades terapéuticas para su resolución”, lo que impediría que realice cualquier actividad laboral.
