En los primeros seis meses del año, la Diputación del Común ha registrado 400 quejas relacionadas con la gestión de la discapacidad en Canarias. Esta cifra supone que solo en medio año ya se haya alcanzado el 66,7% de las reclamaciones contabilizadas en todo 2024 (603). Este es el área que más malestar genera a los isleños, pues el número de quejas crece de manera exponencial cada año, sobre todo, en lo que respecta a la demora de la resolución del grado.
Las quejas sobre discapacidad aumentaron un 94,5% en un año, pasando de las 310 en 2023 a las 603 en 2024. El aluvión de reclamaciones no ha cesado en 2025. De hecho, si se mantuviera este ritmo en el segundo semestre, el número de reclamaciones podría doblar el del curso pasado. La subida es aún mayor si se comparan las 603 quejas de 2024 con las 125 de 2019, pues los escritos presentados por la ciudadanía se han cuadruplicado (382,4%) desde entonces.
Los datos recabados por el Alto Comisionado del Parlamento canario destapan «gravísimas demoras» que la Diputada del Común, Lola Padrón, califica como inaceptables. En algunos casos, la administración canaria ha tardado hasta cinco años en reconocer una discapacidad, cuando la normativa marca un plazo máximo de seis meses.
Sin datos del Ejecutivo
La Diputada del Común, Lola Padrón, que participó este lunes en la comisión de Discapacidad, ha denunciado que la Dirección General del Gobierno autonómico que coordina este ámbito no está siendo clara con los datos. En concreto, no publica cifras exactas ni realiza seguimientos anuales y, por tanto, se desconocen cuestiones como cuántas personas esperan para que se les reconozca el grado o cómo se están utilizando herramientas como la inteligencia artificial, una de las últimas medidas incorporadas para acelerar los trámites. Esta falta de transparencia, según subrayó, dificulta dimensionar el problema: «Si hay un colapso, lo hay; pero tenemos que poner la realidad encima de la mesa para actuar y ver hacia donde debemos dirigir las políticas».
Un acto de respeto
No solo exigió más transparencia de cara a la elaboración del informe, sino como un acto de respeto al ciudadano. «Hay que pedir disculpas», sostuvo. Además, añadió que si las familias –principalmente madres y cuidadoras, pues ocho de cada diez son mujeres– están cabreadas, habrá que recibirlas cabreadas. «La valoración no es un trámite administrativo, no me quejo solo cuantitativamente, detrás de cada número hay personas», criticó.
De las casi 400 quejas registradas de enero a junio de 2025, el Ejecutivo solo ha respondido a 30. La Diputada argumentó que a las de este año se suman las de 2024 y otras que arrastran de cursos anteriores, por lo que la cifra asciende casi a las 1.500 reclamaciones.
El 90% se queja por la resolución del grado
El informe anual también revela que nueve de cada diez quejas guardan relación con la resolución o la revisión del grado, «un reflejo de la desesperación de los isleños afectados por esta espera, que es un agujero negro». El reconocimiento abre las puertas a otros beneficios y derechos como la tarjeta de estacionamiento, terapias, subvenciones, bolsas de empleo… De ahí la importancia de que se atiendan las solicitudes con celeridad, porque al privar a los ciudadanos de estas cuestiones se genera una «pobreza invisible».
Pese a las recomendaciones recogidas por la Defensoría, la Dirección no ha corregido esta anomalía, «un claro ejemplo de mala administración sistémica que a su vez demuestra la ineficacia de esa unidad administrativa».
Un equipo que debe modernizarse
Todos los grupos admitieron la mala situación de la discapacidad en las Islas. En esta línea, Padrón señaló que es necesario actualizar la estrategia canaria, adaptándola a los nuevos ritmos exigidos a nivel nacional. «La estructura de las Islas es muy tradicional, no se han incluido nuevos perfiles profesionales que permitan avanzar hacia un modelo más biosocial y no tan sanitario«, añadió.
Más protagonismo a entidades
Durante su intervención, alabó la labor de las entidades del Tercer Sector y animó a la Consejería de Bienestar Social a crear un consejo de participación en el que las asociaciones fueran parte activa de la gestión de los asuntos sociales. «Sin ellos, no existe estructura que sustente las políticas de Discapacidad en Canarias», aseguró.
Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de personas con discapacidad, con 115 por cada mil habitantes, lo que equivale a unos 212.000 afectados. A pesar de ello, la región enfrenta una escasez de personal especializado y una burocracia excesiva que dificultan el acceso a los derechos y servicios para este colectivo. Asimismo, al ser un territorio fragmentado, el papeleo y las prestaciones caminan a un ritmo diferente en cada isla.
Para solucionar este caos, Padrón propone avanzar hacia tres grandes objetivos: contar una financiación estable, actualizar la ley y desarrollar el reglamento del concierto social con las entidades del tercer sector.
