Están convocadas para el próximo fin de semana asambleas del PSOE y del PP, los dos partidos que se han alternado en el gobierno desde 1982. Aún hoy, representan las únicas opciones que compiten por la presidencia con expectativas realistas. El PP celebra congreso, fuera del plazo previsto en sus estatutos, para fijar su programa y una estrategia. El interés por lo que se trate y resuelva en el cónclave popular ha crecido con la incertidumbre política de estos días, pero también se ha visto algo rebajado por la trascendencia que pueda tener el comité federal del PSOE. La reunión se desarrollará en un clima, tanto exterior como interno, cargado de tensión y las decisiones que se adopten afectarán al propio partido y al Gobierno.
El comité federal es el máximo órgano entre congresos de la organización socialista y, como tal, está compuesto por los dirigentes y otros miembros destacados, y ejerce competencias de suma importancia, como la definición de la línea política a seguir, la evaluación del Gobierno, el examen de la actuación de la comisión ejecutiva y la exigencia de responsabilidades. De la extensa lista, procede en las actuales circunstancias hacer mención especial de dos más: una, la de “garantizar que el modo de gestión de los cargos públicos se adecúe a los modos de gestión socialista”, y otra, que consiste en cubrir las vacantes que se produzcan en la Ejecutiva. Así pues, podría decirse que el comité federal desempeña en el partido funciones de control, deliberación y aprobación análogas a las que la Constitución encomienda al Congreso en nuestro sistema democrático.
De manera que, además de elegir al sustituto de Cerdán y en su caso votar los cambios en la Ejecutiva que le sean propuestos, el comité federal debería discutir a fondo sobre la prórroga presupuestaria, la política exterior y la relación del Gobierno con los grupos parlamentarios que facilitaron su formación. Parece inevitable, sin embargo, que la reunión se centre en abordar la situación política creada por las revelaciones contenidas en el informe de la UCO y las reacciones posteriores de los implicados, los partidos y la opinión pública. Este es un asunto grave, insoslayable y prioritario, que incumbe en primer lugar al partido y al Gobierno, en el que el PSOE se juega mucho. La sociedad española espera algo más que una prédica de buenas palabras, claridad, una depuración de responsabilidades y el firme propósito de actuar contra la corrupción. Han quedado tantos planes de regeneración democrática en papel mojado que cualquier anuncio al respecto solo es creíble si va acompañado de una actitud consecuente.
Pedro Sánchez se hace el distraído. Procura evitar una reprobación general y seguir adelante como si no tuviera nada que ver con la trama investigada. Alega que su respuesta ha sido contundente, la expulsión de los sospechosos. Afirma que el PSOE es un partido limpio. Pero no despeja las dudas. Los presuntos delincuentes constituyeron su grupo de confianza, que lo aupó a la secretaría general. Abalos presentó la moción de censura a Rajoy y Cerdán, relevo de Abalos en la estructura del partido, no hizo más que acaparar poder y puestos de mayor relevancia en el PSOE. Y las operaciones delictivas perpetradas por ambos se aprovecharon de la complicidad de altos cargos de la Administración. El presidente no ha aclarado todavía el motivo por el que fulminó a Abalos y luego consintió su inclusión en las listas electorales, y nadie en el Gobierno se atreve a decir dónde terminan las conexiones del grupo organizado. De las informaciones que se actualizan a diario solo puede deducirse que la posición del presidente, en el plano estrictamente político, es muy comprometida.
Pedro Sánchez ha animado a los miembros del comité federal a expresarse con total libertad. Pero las condiciones no favorecen a las voces críticas. La Ejecutiva ha cerrado filas en defensa de su secretario general, que por más que intente separar al partido del Gobierno es también presidente. El PSOE ha ido adoptando paulatinamente un funcionamiento cada vez más plebiscitario. Al final, todo acaba reduciéndose a un pronunciamiento a favor o en contra de Pedro Sánchez. La iracundia que provocó Felipe González con el aviso de que votará en blanco por su rechazo a la amnistía, indican que en el interior del partido se está levantando otro muro. Se da por seguro que Felipe, miembro del comité federal, no acudirá a la reunión. Será García-Page quien deje testimonio de los discrepantes, que empiezan a hacer número. La cita del sábado es crucial para la integridad, la imagen y la suerte electoral del PSOE. Algunas encuestas auguran que el PP podría superar la suma de escaños de los partidos que sostienen a la coalición gubernamental. Ese es el objetivo con el que sueña Feijóo. Estamos ante la víspera de un momento decisivo de la política española.
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