Uno puede alinearse o no con los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional que han avalado con su voto (6 a 4) la polémica ley de amnistía, o con los conservadores en minoría que abogaron por rechazarla al considerar que respondía a un intercambio de votos por impunidad.
Ese debate es legítimo, pero también lo es considerar que había un resquicio en la Constitución, seguramente un boquete, que permitía rehabilitar a la carta a los condenados por el “procés”. A la vista de lo que ha sucedido esta semana, cuestión alarmante para la preservación del derecho que señala que todos los españoles son iguales ante la ley, ¿no valdría reconocer que el texto constitucional puede ser tan ambiguo y rígido como para sortear su cumplimiento? La Constitución no impide expresamente las amnistías, pero tampoco rechaza expresamente conducir aleatoriamente por el carril contrario y no lo hacemos, justamente para evitar cada día tragedias en la carretera.
Puede que la Constitución ya haya dado de sí todo lo que podía, pero va siendo hora de una adaptación urgente a los nuevos tiempos. Ya no estamos en 1978 y las elegías a la Transición quedan muy bien en las citas de los libros de memorias políticas. ¿Cabría conjeturar que la ley principal puede haber entrado en fecha de caducidad? Seguramente.
Tal vez ha llegado el momento de plantearse una reforma a fondo de la Carta Magna, una de las más rígidas de Europa, que solo ha sido modificada en tres ocasiones y en aspectos no sustanciales. Convengamos en que, a causa de sus fallas, algunos avispados han aprendido a sortearla.
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