El Tribunal Supremo de EEUU ha dado un espaldarazo clave al presidente Donald Trump al restringir el alcance de los jueces federales para frenar órdenes ejecutivas. En una sentencia con 6 votos a favor y 3 en contra, el alto tribunal no entra a valorar si es constitucional eliminar la ciudadanía automática por nacimiento, pero impide que tribunales de primera instancia bloqueen estas medidas a nivel nacional.
El fallo representa una victoria significativa para la Casa Blanca, que ha visto cómo varias de sus políticas eran detenidas en seco por decisiones judiciales preliminares. La sentencia afecta directamente a la orden firmada por Trump el primer día de su segundo mandato, con la que busca negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes sin papeles o de turistas en territorio estadounidense.
Durante más de 150 años, este derecho ha garantizado la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de los padres. La decisión del Supremo no modifica este principio, pero permite que la orden de Trump entre en vigor dentro de 30 días, salvo que se abran nuevas vías legales, como una demanda colectiva.
“Es una aberración jurídica”, criticó la jueza progresista Sonia Sotomayor en un voto particular especialmente duro. “Debilita la capacidad de los tribunales para proteger derechos fundamentales”, añadió. En su opinión, la mayoría conservadora está otorgando al poder ejecutivo una autoridad sin control.
Desde que Trump firmó la orden, 22 estados liderados por demócratas, varias organizaciones migratorias y grupos de mujeres embarazadas presentaron recursos ante distintos tribunales federales, que suspendieron temporalmente la medida. Esta práctica —el uso de medidas cautelares de alcance nacional— ha sido habitual en los últimos años, tanto bajo gobiernos republicanos como demócratas.
El Supremo, sin embargo, considera que un solo juez de distrito no debería tener poder para bloquear políticas a nivel nacional, salvo en circunstancias extraordinarias. El texto de la sentencia, redactado por la jueza Amy Coney Barrett, sostiene que esta práctica socava el proceso judicial ordinario y crea un sistema desequilibrado.
Aunque la ciudadanía por nacimiento sigue en vigor, el fallo abre un nuevo escenario. A partir del plazo de 30 días, la orden de Trump podría aplicarse si no prosperan nuevos recursos. El caso, además, podría volver a escalar en los tribunales si se impugna directamente la legalidad del cambio promovido por el presidente.
La decisión también podría tener consecuencias a largo plazo sobre cómo se disputan las políticas presidenciales en los tribunales, especialmente en un contexto de fuerte polarización institucional y con el poder judicial cada vez más en el centro del debate político en EEUU.
