La Policía
Nacional ha desalojado ocho personas que residían de forma ilegal en
trasteros situados en el sótano de un edificio de la Avenida de
Madrid, en Zaragoza. Los trasteros, de reducidas dimensiones y sin
condiciones mínimas de habitabilidad, habían sido reconvertidos en
infraviviendas improvisadas con instalaciones eléctricas
fraudulentas y sin ningún tipo de seguridad.
La actuación
policial se inició tras la denuncia de un ciudadano, el pasado 9 de
junio, cuyo trastero había sido ocupado por unas personas que lo
usaban como vivienda. Los agentes confirmaron la presencia de más
personas viviendo en los trasteros del inmueble en condiciones
extremadamente peligrosas.
La portavoz de la Policía, Beatriz Gambón, explica los detalles de la operación
El servicio municipal de Bomberos elaboró un informe en el que alertaba del alto
riesgo de incendio debido a la presencia de materiales
combustibles, múltiples empalmes de cables en pasillos y techos, y
un punto de origen en el cuarto de contadores en estado precario. El
informe concluía que los trasteros
no podían ser utilizados como vivienda, según el Plan
de Ordenación Urbana de Zaragoza, y que la situación suponía un
grave riesgo para la vida de todos los residentes del edificio.
UN EDIFICIO
OKUPADO POR COMPLETO
La ocupación
del edificio comenzó hace más de dos años, tras el embargo por
parte de una gestora de activos en verano de 2024. Actualmente, tres
viviendas están habitadas por legítimos propietarios o
arrendatarios, mientras que el resto del inmueble se encuentra
ocupado ilegalmente.
En el sótano
del edificio, 12 trasteros y un anexo fueron ocupados y adaptados
como dormitorios, incluyendo un espacio destinado como baño común
que comprometía el sistema de presión de agua de todo el edificio.
Además, se detectaron diez enganches ilegales a la red eléctrica,
destinados a abastecer a los trasteros ocupados, creando una red de
cables altamente peligrosa.
Los
trasteros fueron reconvertidos en una especie de comunidad
clandestina, utilizada por personas en situación vulnerable, pero
también por delincuentes habituales implicados en hurtos y robos con
violencia.
A la vista
de los riesgos detectados y tras solicitar la intervención judicial,
el pasado 26 de junio se llevó a cabo el desalojo de los ocupantes
de los trasteros. Simultáneamente, la gestora de activos comenzó a
asegurar los accesos al edificio para evitar nuevas ocupaciones,
mediante el tapiado de viviendas y trasteros desocupados.
La Policía
Nacional continúa trabajando para garantizar la seguridad de los
vecinos legítimos y prevenir que esta situación vuelva a
reproducirse, coordinando actuaciones con los servicios municipales y
demás autoridades competentes.
