El Tribunal Constitucional ha avalado la Ley de Amnistía con una sentencia que no sólo legitima una norma profundamente controvertida, sino que redefine los límites del Poder Judicial en España.
EL ESPAÑOL expresa en este editorial su más firme oposición a esta decisión, que convierte al Alto Tribunal en un poder constituyente de facto, usurpando la soberanía nacional que reside exclusivamente en el pueblo español.
La resolución, aprobada por seis votos frente a cuatro, ignora deliberadamente los principios fundamentales de nuestro Estado de derecho y consagra una peligrosa doctrina de permisividad legislativa.
Argumentos rebatibles
El fallo se sostiene sobre tres pilares fácilmente rebatibles desde la óptica constitucional.
1. En primer lugar, el Tribunal Constitucional afirma que la amnistía “no responde a capricho o mero voluntarismo” y busca “superar las tensiones sociales y políticas generadas con el denominado proceso independentista en Cataluña”.
Esta justificación omite que la norma nació de una transacción política explícita: los apoyos de Junts y ERC a la investidura de Pedro Sánchez. Como hemos señalado reiteradamente en este diario, la amnistía es un acto de autoindulgencia partidista que viola el principio de igualdad ante la ley.
¿Por qué solo los responsables del procés gozan de impunidad mientras otros delitos similares siguen perseguidos?
La excepcionalidad de la amnistía, lejos de ser un instrumento de reconciliación, se convierte en un privilegio arbitrario otorgado a cambio de poder político.
Rechazo explícito
2. En segundo lugar, la sentencia declara que “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente”.
Este argumento desconoce que la Constitución española rechazó explícitamente incluir la amnistía durante su redacción. Las Cortes Constituyentes votaron en contra de dos enmiendas que pretendían incorporarla al texto fundamental. El silencio constitucional no es permisión, sino exclusión deliberada.
Convertir este vacío en un cheque en blanco para el legislador supone una manipulación histórica y un atropello a la memoria del constituyente original, que quiso dejar fuera de la Carta Magna cualquier posibilidad de amnistía general.
3. En tercer lugar, los magistrados sostienen que “las intenciones del legislador, su estrategia política o su propósito último no constituyen objeto de nuestro control”.
Esta afirmación es jurídicamente insostenible. Cuando una ley nace de un intercambio de votos por impunidad (como demostraron los acuerdos de investidura), su esencia es corruptora del sistema. El Tribunal Constitucional, al omitir este contexto, normaliza que el Poder Legislativo pueda quebrantar la separación de poderes y desautorizar al Judicial, que actuó “conforme a Derecho” durante el procés.
La sentencia, en lugar de proteger los valores fundamentales de la democracia, los relativiza en función de las circunstancias políticas del momento.
La sentencia trasciende el caso concreto y establece que el Parlamento puede ignorar los principios constitucionales no escritos mientras la Constitución no lo prohíba textualmente. Esto convierte al Tribunal Constitucional en un órgano legitimador de excepciones, usurpando la soberanía popular.
Catálogo de prohibiciones
La Constitución no es un catálogo de prohibiciones, sino un marco de valores que garantizan la igualdad, la seguridad jurídica y la responsabilidad de los poderes públicos.
La amnistía viola al menos estos tres principios: privilegia a un grupo político sobre otros ciudadanos, anula sentencias firmes basadas en leyes vigentes y absuelve a quienes malversaron fondos públicos para financiar la secesión.
Al avalar esta norma, el Tribunal no sólo desoye la voluntad del constituyente original, sino que se erige en revisor de la Carta Magna, algo que sólo corresponde al pueblo mediante referéndum.
La respuesta a la sentencia evidencia la polarización que la amnistía ha agudizado. Pedro Sánchez ha calificado el fallo de “buena noticia”, mientras su ministro Félix Bolaños ha defendido la norma como “necesaria para la convivencia”.
Salvador Illa, líder del PSC, ha exigido su aplicación “inmediata” a Carles Puigdemont, mostrando la prisa del bloque gubernamental por rentabilizar políticamente la decisión.
En la otra orilla, Alberto Núñez Feijóo ha denunciado una “transacción corrupta” que supone un “obús contra la separación de poderes”, tesis respaldada por los votos particulares de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, que han tachado la ley de “inconstitucional”.
Incluso desde el socialismo histórico, Felipe González ha anunciado que “no votará al PSOE” mientras Sánchez lidere el partido, calificando la amnistía de “barrabasada”.
El aval del Tribunal Constitucional a la amnistía no es un acto jurídico, sino la capitulación ante el transfuguismo político. Al bendecir una ley que premia la insubordinación, el tribunal ha enterrado su papel de garante constitucional para convertirse en notario de la degradación democrática.
España asiste a la consolidación de un sistema donde la legalidad se adapta a conveniencias partidistas, sepultando el principio básico de que ningún gobierno puede estar por encima de la voluntad soberana del pueblo.
Esta sentencia, lejos de cerrar heridas, certifica que la fractura entre la España constitucional y la España de los privilegios es ya insalvable.
