Más de 60.000 inversores perjudicados en todo el mundo –15.000 en España–, una estructura internacional opaca y un vacío legal que aún sigue generando impunidad. La historia de la trader FX Winning es la de un macrofraude financiero dirigido desde las Palmas de Gran Canaria con sede en Hong Kong que deja una huella millonaria en Canarias, otras regiones de España y el resto del mundo, sobre todo en Colombia y México. Según los primeros cálculos, la cantidad defraudada oscilaría entre los 1.000 y los 3.000 millones de dólares, pero es más que probable que la cantidad sea aún mayor.
Todo se destapó en 2023, cuando el algoritmo de FX Winning colapsó y los inversores dejaron de poder acceder a los ahorros. Y el castillo de naipes comenzó a caer y las denuncias por el supuesto fraude comenzaron a unirse en plataformas de afectados para presentar querellas conjuntas con las que poder reclamar el dinero estafado por esta sociedad creada desde Canarias en abril de 2020, aunque sus datos oficiales figuran en Hong Kong, la red operaba desde un coworking de la calle Torres, en Las Palmas de Gran Canaria.
Al frente de FX Winning están David Merino Quintana y Teo Zúñiga Arredondo, bajo una estructura corporativa compleja y dispersa con la que captaba inversores en una treintena de países, pero sobre todo en España y América Latina, bajo el paraguas de entidades relacionadas como We Are Turbo y TWT Advisors MX.
A través de un marketing agresivo, promesas de altos retornos y una red de promotores bien entrenados, FX Winning se presentaba como una plataforma de inversión en criptomonedas y mercados de divisas (forex). Lo que pocos sabían es que detrás del barniz tecnológico y la jerga financiera se escondía un clásico esquema Ponzi. Se trata de un fraude piramidal que consiste en ofrecer gran rentabilidad a inversores, a los que se paga los intereses del capital ofrecido con el dinero que invierten los nuevos clientes a los que captan los estafadores.
La cantidad estafada oscila entre los 1.000 y 3.000 millones de dólares de más de 60.000 inversores
El atractivo de FX Winning residía en su supuesta «rentabilidad garantizada». Los inversores, la mayoría de ellos pequeños ahorradores, eran seducidos con cifras astronómicas de rentabilidad –se hablaba de un retorno de hasta el 60%– y la posibilidad de retirar los beneficios semanalmente. Al principio, todo parecía funcionar. Pero todo era una ilusión ya que los pagos se realizaban con el dinero de nuevos inversores, no con beneficios reales.
En 2022 comenzaron los primeros retrasos para poder retirar ganancias por parte de los inversores y eso enfadó a muchos de ellos que comenzaron a plantar cara a la sociedad mercantil. La empresa alegó fallos en la verificación de identidad (Know Your Customer, o Conoce a Tu Cliente, en castellano), y exigió a sus clientes enviar documentación sensible para poder acceder a sus fondos. Pero era solo una maniobra dilatoria. A finales de ese año, el acceso al dinero quedó completamente bloqueado y la web dejó de operar.
La red criminal, con la cúpula operativa en Gran Canaria, ha sido objeto de seguimiento año y medio. Sin embargo, no fue hasta el martes cuando se activó la fase operativa, con entradas, registros y detenciones, principalmente en la capital grancanaria y al menos en otra ciudad de la Península.
El algoritmo de FX Winning colapsó en 2023 y los inversores dejaron de poder acceder a sus supuestos ahorros
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a cinco personas vinculadas con esta plataforma de inversión en criptomonedas denominada FX Winning. Están acusadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, estafa y apropiación indebida.
Los detenidos pasarán a disposición judicial entre este jueves y viernes. La causa la coordina el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y se encuentra bajo secreto de sumario. El operativo se ha desarrollado en coordinación con la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Las Palmas.
El bufete Zaballos Abogados lidera una querella criminal que representa a más de 3.000 afectados. Por su parte, Aránguez Abogados también actúa como acusación particular, con una línea de investigación paralela que apunta a testaferros y empresas satélite.
