Detrás de ese apartamento turístico alquilado a través de Airbnb o Booking y promocionado a través de un sofisticado algoritmo hay una mujer de la limpieza encargada de dejar otra vez listo el piso para los siguientes visitantes. Trabajadoras, en su gran mayoría mujeres, que cobran habitualmente el salario mínimo, más de un tercio opera sin contrato y todo ello supone un agujero de unos 16,5 millones de euros anuales para la Seguridad Social, entre otros.
En un momento en el que distintos territorios, Catalunya es uno de ellos, está regulando el alquiler turístico pues ve que es un agujero para el acceso a la vivienda de parte de la ciudadanía, el sindicato UGT alerta de que también es un agujero para las condiciones laborales de quien trabaja en dichos apartamentos.
La central ha presentado este jueves un informe sobre las condiciones laborales en las empresas dedicadas al alquiler turístico, un sector al alza durante los últimos años y que dispone en España, según los datos recopilados por la central, de más plazas que la industria hotelera pese a emplear a un número sustancialmente menor de personal.
No existe una fuente estadística fiable ni oficial sobre este pujante negocio y el sindicato ha tenido que tirar de fuentes no oficiales para elaborar un cálculo aproximado sobre cuántas personas forman parte de la estructura que hace funcionar los pisos turísticos.
«No se puede pensar que la gestión de todo este capital de inmuebles se realiza por pequeños propietarios que ceden su vivienda para un uso determinado y como una forma de ingreso extra. La realidad está muy lejos de esta situación”, advierten desde la UGT.
Una parte importante de los pisos turísticos los llevan gestorías especializadas que concentran o bien bloques enteros, o bien listas de pisos cedidos por terceros. Empresas que pueden llevarse el 20% del importe total de la reserva por dicha gestión, según los ejemplos citados en el informe.
¿Cuántos pisos turísticos hay y cuánta gente los trabaja?
Según datos del INE recopilados en el estudio, en noviembre de 2024 había 368.295 viviendas de uso turístico registradas en España, que ofrecían 1,8 millones de plazas. En este sentido, las plataformas de alquiler turístico ofrecen unas 700.000 plazas más que si se juntan todos los hoteles de España.
Esas viviendas las gestionan y mantienen el equivalente a 26.544 empleados a tiempo completo, según las estimaciones elaboradas por el propio sindicato, y un tercio del personal opera sin contrato.
A nivel de personas trabajadoras son muchas más, pues las jornadas a tiempo parcial son habituales en el sector. La persona que responde las dudas acerca de la reserva trasladadas a través del teléfono móvil, la persona que limpia las instalaciones, la que entrega las llaves y enseña la casa o la persona que mueve las ofertas de arriendo en las distintas plataformas.
¿Cuánto cobran?
Tampoco existen cifras oficiales sobre el sueldo de esas personas, pero desde UGT trasladan que el ingreso más habitual entre las limpiadoras es el salario mínimo, ya que en muchos casos las asimilan a una empleada del hogar.
Las empresas multiservicios, de mayor tamaño, suelen contratar a través del convenio de limpieza y desde la central consideran que su encuadre debiere ser el de camareras de piso del sector de la hostelería, pues de la misma manera que estas limpian habitaciones de hotel, las otras hacen lo propio pero en habitaciones ofertadas por Airbnb o Booking.
Según el estudio, cobrar el salario mínimo o el convenio de la limpieza implica cobrar entre un 25% y un 22% menos que lo que percibe por hora una camarera de piso de un hotel. «Estamos ante un caso de infracotización a la Seguridad Social que un Estado de Derecho no se puede permitir», han denunciado desde UGT.
Desde la central, sabedores que es más fácil sindicar al personal agrupado en un hotel que ir piso por piso, han reclamado a la autoridad laboral un mayor control de las condiciones de trabajo del personal ocupados en las viviendas turísticas. Un problema para los inspectores es que no pueden entrar en un domicilio particular sin permiso del dueño, aunque en el mismo se desarrolle una actividad económica como esta. Es por ello que reclaman cambiar la ley para habilitar revisar las condiciones de este colectivo.
