Luiz Inacio Lula da Silva derrotó a Jair Bolsonaro por escasa diferencia en las elecciones presidenciales de Brasil de octubre de 2022. Para vencer a la ultraderecha formó una coalición tan heterogénea que hasta recibió con los brazos abiertos a bolsonaristas arrepentidos. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) ha tratado de mantener el equilibrio entre fuerzas que en otro momento fueron antagonistas. La alianza acaba de mostrar su fragilidad en el Congreso, donde el PT, una vez más, se encuentra en minoría. Las cámaras de Diputados y Senadores decidieron anular un decreto del Ejecutivo que incrementa el impuesto a las transacciones financieras, y que se conoce como «Taxdadd», una manera peyorativa de nombrar al ministro de Hacienda y en su momento impulsor de esa medida, Fernando Haddad.
La convivencia entre la izquierda y la centroderecha, así como otros sectores incluso más ladeados hacia la derecha, se encuentra en su punto más crítico desde el primer día de 2023. El Gobierno analiza la posibilidad de recurrir al Supremo Tribunal Federal (STF) para mantener el llamado IOF (impuesto sobre las operaciones financieras). El propio Haddad sostuvo que la derogación del IOF es «flagrantemente inconstitucional». El diputado Marcos Pereira, líder del partido Republicanos al que pertenece la autoridad de esa cámara, advirtió este jueves sobre las consecuencias de una jugada de esa naturaleza. «Además de ignorar la voluntad del Congreso, el Gobierno intenta convertir un fracaso político en una cuestión judicial. Un movimiento peligroso que desprecia la democracia y vacía de contenido el papel del Poder Legislativo».
Lula ha intentado contener la bronca provocada por el traspié de este miércoles, anunciado por Motta en las redes sociales con una liviandad que provocó la decisión del presidente de cancelar una reunión previamente pactada. Motta se abstuvo de hacer una comunicación formal a través de X: emitió un mensaje de advertencia. Las votaciones, dijo, fueron un «recado de la sociedad» porque «el país no aguanta más el aumento de impuestos». Para Vinicius Torres Freire, columnista del diario paulista ´Folha`, el Congreso «quiso dar una lección al Gobierno. Quiere que Lula mendigue». Otros analistas hablan de una «venganza» de facciones parlamentarias que no han podido digerir el cierre del grifo de dinero público que destinaban a administrar sus feudos personales.
Las alternativas
El paso dado por ambas cámaras pone en evidencia que los términos de los acuerdos con los partidos aliados son tan precarios que ni siquiera la asignación de ministerios a modo de cuota ha permitido a Lula evitarse el mal trago. El Gobierno evalúa tres alternativas: impugnar judicialmente la resolución parlamentaria, buscar una nueva fuente de ingresos o, el camino más temido, realizar un nuevo recorte en el presupuesto que, se ha advertido, «afectará a todo el mundo».
De acuerdo con el diario carioca ´O Globo`, el gabinete de Lula discrepa sobre la manera de digerir la «derrota histórica» en el Congreso. Unos ministros estiman que el problema es político y no jurídico y que si se elige trasladar la batalla al STF podría aumentar las tensiones con un Congreso capaz de propinar nuevas tundas. Otros ministros, en tanto, «argumentaron a Lula que los parlamentarios dieron señales claras de que decidieron anticipar la disputa electoral, buscando debilitar al Gobierno. Por lo tanto, es necesario redoblar la apuesta por las agendas defendidas por el PT para marcar posición. Esto significa llevar a la población el discurso de que el Gobierno está trabajando para gravar a los ricos, a los multimillonarios«. El presidente, añada la publicación, reconoció que la carrera presidencial de 2026 ya ha comenzado. Lula, de 79 años, no sabe todavía si aspirará a la reelección. El tiempo no le juega a favor. El PT tampoco tiene un sucesor de peso. La derecha se frota las manos aun a pesar de que Bolsonaro es inelegible hasta 2023 por un fallo del Tribunal Supremo Electoral (STE).
