El Tribunal de Instancia 2 de Padrón (A Coruña) ha acordado iniciar la investigación judicial de las torturas sufridas por Manuel Reboiras el 28 de septiembre de 1975, en lo que representa la primera querella contra los crímenes del franquismo admitida a trámite en Galicia. Según informó este jueves la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), el Juzgado ha requerido información documental para la investigación al Archivo Histórico Nacional, al Centro Documental de la Memoria Histórica y a la Dirección General de la Policía.
Manuel Reboiras -hermano del militante de la Unión do Povo Galego (UPG) Moncho Reboiras, asesinado por disparos de la policía franquista en Ferrol en agosto de 1975- se querelló el pasado octubre por las torturas sufridas durante dos detenciones. La primera detención tuvo lugar el 28 de septiembre en Padrón y la segunda el 18 de junio de 1976 en el monte de O Castro en Vigo.
El auto de admisión a trámite de la querella es consecuencia de la estimación de un recurso de reforma interpuesto por la Fiscalía y la revocación del auto del mismo juzgado del 12 de diciembre de 2024, que acordó el sobreseimiento libre y el archivo de la causa por prescripción. En un comunicado, Ceaqua valora «positivamente» el auto del Tribunal de Instancia de Padrón y confía en que se pueda avanzar en las diligencias de investigación penal.
La coordinadora destaca que se trata de la primera admisión a trámite en Galicia de una querella que denuncia crímenes franquistas, que se suma a las otras seis querellas que ya han sido admitidas a trámite en diferentes juzgados del Estado español.
«50 años de impunidad»
En cualquier caso, lamenta que esta admisión «no deja de ser, a día de hoy, algo excepcional y extraordinario» y recuerda que hasta ahora «más de 115 querellas» que denunciaban crímenes del franquismo «han sido inadmitidas o archivadas en el conjunto del Estado español». «Una vez más y en este sentido debemos recordar que el Estado español está lejos de revertir las políticas de impunidad imperantes que impiden, con carácter general, y a día de hoy, la investigación judicial de los crímenes franquistas», afirma Ceaqua.
Por eso, considera que el estado debe «revertir, de una vez por todas, sus políticas de impunidad, implementando medidas legislativas que garanticen el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista y la Transición».
La coordinadora asegura que este año en que se conmemora el 50 aniversario de la muerte de Franco la «inacción» del Gobierno de coalición y del Poder Legislativo «forma parte de las políticas de impunidad mantenidas por el Estado español». «A los cincuenta años de la muerte del dictador, debemos seguir denunciando 50 años de impunidad que han impedido la investigación y enjuiciamiento de los crímenes de Derecho Internacional cometidos durante la dictadura franquista y la Transición», indica.
