Pueden estar enfrentados a cuenta de la negativa del Gobierno español a elevar al 5% del PIB el presupuesto de Defensa y situarse a años luz de distancia en la foto de familia de la reciente cumbre de la OTAN, pero si lo razonan con detenimiento, Sánchez y Trump se muestran semejantes en algunos hábitos: gobernar por decreto ley, saltándose a la torera a las Cámaras legislativas; y el uso fraudulento de la legislación vigente para favorecer una amnistía a la carta. La diferencia radica en que el mandatario estadounidense dijo en campaña electoral que indultaría a los asaltantes del Capitolio, mientras que el líder omnisciente del PSOE había asegurado con antelación que no habría perdón para los encausados y condenados líderes del “procés”. Uno es un radical transparente; el otro, un embustero compulsivo falto de escrúpulos.
Se espera que esta semana el Tribunal Constitucional valide la polémica ley de amnistía, una medida de gracia que, según prestigiosos juristas, podría vulnerar el Derecho de la Unión Europea. A juicio de no pocos expertos, la citada ley, incluida en la lista de concesiones de Sánchez a los nacionalistas catalanes a cambio de un puñado de votos para mantener el pie los palos de su sombrajo, no tiene encaje en el derecho comunitario.
Al presidente plenipotenciario solo le faltaba que el Tribunal de Justicia de la UE, que el 15 de julio dedicará una vista a la amnistía de los sediciosos catalanes tras los reparos manifestados por algunos tribunales españoles a la medida, también la lleve la contraria y le obligue a envainar.
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