La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha insistido este martes en Zamora en que la Junta ha instado a Azucarera a no aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en sus fábricas, que conllevaría el despido de 251 empleados, de los que 26 trabajan en la fábrica de Toro y uno en el centro de envasado de Benavente, y que lo convierta en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), hasta que puedan consensuarse “soluciones industriales” para mantener abiertos todos los centros de molturación, incluido el de La Bañeza.
Recalcó González Corral que la Junta mantiene su “postura” de oponerse al cierre de plantas de producción y ha anunciado que seguirá apostando por el sector de la remolacha en Castilla y León, que calificó como “muy potente” y al que la Junta ha respaldado con ayudas directas y agroambientales.
En este punto, reconoció que el objetivo prioritario de la Junta es que el sector de la remolacha “se siga quedando en Castilla y León” y así se lo ha trasladado en diversas ocasiones a Azucarera.
Además, recordó que el Gobierno regional ha arrancado a la empresa el “compromiso” de mantener la superficie sembrada de remolacha y de no repercutir en los cultivadores el coste del transporte de raíz a otros centros de producción, en este caso a Toro, planta en la que la empresa pretende centralizar toda la molturación.
La consejería de Agricultura, como aseguró García Corral, vigilará el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Azucarera, a la vez que anunció que la Junta ha solicitado una nueva reunión con sus responsables para continuar buscando “soluciones industriales” y evitar el cierre de la planta de La Bañeza.
Por otra parte, la consejera recalcó que la Junta también “ha activado” a la Fundación Anclaje, a la que han acudido los representantes de los trabajadores que siguen negociando el ERE planteado por la empresa.
Por el momento, no hay acuerdo sobre el ERE, ya que Azucarera ofrece una indemnización a los afectados de 26 días por año trabajado, propuesta que los sindicatos rechazan y reclaman entre 42 y 45 días hasta un máximo de 36 meses, al margen de otras condiciones para los empleados que superen los 58 años de edad.
Suscríbete para seguir leyendo
