El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas para evitar un nuevo apagón como el ocurrido el 28 de abril, en el que ordena a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una mayor vigilancia sobre las actuaciones de las compañías del sector y a Red Eléctrica la propuesta de medidas para mejorar el funcionamiento del sistema.
Así lo ha avanzado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, después de que el informe del Ejecutivo sobre las causas del cero energético concluyera que «a pesar de que el 28 de abril existían todos los elementos necesarios para controlar la tensión, bien no fueron programados de forma adecuada, bien los actores no se comportaron como se esperaba, o una combinación de ambas».
Por un lado, el Ejecutivo dará un plazo de 6 meses a la CNMC para elaborar un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones de control de tensión por parte de todos los operadores eléctricos que tienen esta obligación y pedirá su actualización cada 3 meses. Además, en 12 meses el organismo que preside Cani Fernández debe elaborar un plan de inspección de todas las capacidades de reposición del sistema.
Por otra parte, Red Eléctrica, como operador del sistema, deberá elaborar un plan de trabajo en un plazo de un año y con carácter trimestral deberá emitir propuestas técnicas sobre aquellos elementos que considera necesarios para un buen funcionamiento del sistema eléctrico. Como ejemplo, deberá explicar cuál es la velocidad a la que puede cambiar la tensión del sistema para que las distintas autoridades competentes puedan, después, elaborar las disposiciones necesarias.
Otras medidas
En el paquete antiapagón, el Ejecutivo también ha incluido una serie de medidas para fomentar el almacenamiento y la flexibilidad del sistema al reducir la tramitación burocrática para acelerar la transición energética. Entre ellas, se dará prioridad en la instalación de baterías donde ya existen parques renovables y se dará prioridad de despacho en los proyectos que apuesten por el almacenamiento.
También se incluye el desarrollo de figuras clave como el agregador independiente, para que consumidores y almacenamientos pueda participar en la demanda, y se crea una figura nueva como el gestor del autoconsumo, representante que permite a los autoconsumidores facilitar los trámites y la gestión.
El Gobierno, además, establecerá un objetivo nacional de flexibilidad para facilitar su desarrollo y mandatar su promoción y agilizará la planificación de la red de transporte 2025-2030 para que se realice cada tres años, en vez de cada cinco años, con posibles modificaciones puntuales cada 2 años, algo que llevan años reclamando las compañías eléctricas.
